Cómo afecta
Para Julio Guzmán, profesor Investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, los datos “reflejan la pérdida de recursos que implica la delincuencia y la violencia”. Y añade que “estos son temas que no sólo afectan directamente la desigualdad, a través de restar oportunidades a los más pobres, quienes siempre están sobrerepresentados en el tema de la delincuencia, sino que también generan un despilfarro de recursos y pérdida de eficiencia de las economías como un todo”.
“Todo tipo de violencia acarrea altos costos económicos y sociales porque frena el desarrollo”, señala Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana, en México D.F. En el plano microeconómico, dice, “reduce la formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades criminales, en vez de educativas; también disuade a algunas personas a estudiar de noche por miedo al crimen violento”. En el plano macroeconómico, añade, “reduce la inversión extranjera y la nacional; también puede reducir el ahorro nacional si la gente tiene menos confianza en las posibilidades de crecimiento futuro del país”.
Por otro lado, elcontrol de la violencia requiere del uso de cuantiosos recursos, incluyendo gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales, que podrían ser usados para otros propósitos. El docente de la Universidad Iberoamericana destaca que “los costes de la violencia generalmente se dividen en costes directos, que son consecuencia directa de los actos de violencia o intentos de prevenirla, y los costes indirectos, que incluyen el dolor y el sufrimiento, la pérdida de la productividad, y de la calidad de vida”.
Rodríguez Arechavaletaexplica que los costes directos incluyen el valor de los bienes y servicios usados en la prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus perpetradores. Todo esto supone unos gastos para el sistema policial y judicial: costes de prisión y detención, así como costes de enjuiciamiento y otros costes de los juzgados; gastos en tratamientos médicos: atención en salas de emergencia, hospitalización, atención en clínicas o en las consultas médicas, asistencia dental y el costo de tratamientos para enfermedades de transmisión sexual; así como costes en terapia psicológica para víctimas y gastos en servicios sociales relacionados con la delincuencia: programas de capacitación laboral para delincuentes, funcionarios encargados de los reos que están bajo libertad condicional, programas de educación sobre violencia doméstica, etc.
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Posibles soluciones
Una vez localizado el problema, el PNUD aporta algunas ideas para tratar de solucionarlo. En su mencionado informe sobre la seguridad ciudadana en Latinoamérica, este organismo propone un plan de 10 puntos. Entre ellos, los más destacados son tratar de alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana como política de Estado; generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos; y potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana.
En todo caso, el PNUD asegura que el rol del Estado es insustituible. “Hace unos años, la doctrina imperante era la del Estado mínimo”, afirmó Muñoz. “Ahora hay que apostar por un Estado no más grande, sino más vigoroso. Afortunadamente, muchos Gobiernos ya son conscientes de eso”.
María Isabel Retamal, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, cree queel primer paso que deben dar los países para resolver el problema de la violencia es “reconocer que es un tema para el cual no existen ‘balas de plata’ ni atajos de corto plazo”. El segundo paso es “evitar medidas populistas y grandilocuentes pero con poca efectividad probada. Tercero, cimentar las políticas públicas sobre el tema en base a la evidencia de lo que es más efectivo. Cuarto, abordarlo como un tema país, sin colores políticos determinados”, enumera.
En la misma línea, Rodríguez Arechavaleta pide mayor inversión en educación pública, universal y gratuita de calidad, inversión en salud preventiva y especializada, “especialmente en regiones periféricas de alta concentración de indicadores de violencia, así como el desarrollo de proyectos educativos y culturales integrativos, y el desarrollo de campañas mediáticas para dar a conocer los efectos negativos de la violencia”.
¿Los gobiernos actúan?
Una vez que los expertos han citado los pasos a seguir para solucionar el problema, la gran pregunta es si los gobiernos están tomando estas u otras medidas adecuadas para acabar con el problema de la inseguridad.
“En materias de política pública las cosas no son blanco o negro”, avisa Guzmán antes de tratar de responder a esta cuestión. “Efectivamente hay intentos en diversos países de Latinoamérica de avanzar seriamente en la materia. Un buen ejemplo de ello es Chile, que ha llevado a cabo políticas en diferentes ámbitos de control y prevención, en los que se han realizado programas más especializados e integrales para menores de edad”. En este país, 1 de cada 2 internos en las cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años. Y añade que “también se han hecho cosas en el tema de la reinserción pos penitenciara, como por ejemplo, potenciar las medidas no privativas de libertad”.
Retamal denuncia cómo en época electoral los políticos “ofrecen medidas caras y que de forma comprobada de acuerdo a la evidencia no son efectivas”. Según dice, se trata de ofertas de ‘mano dura a la delincuencia' y de más policías sin definiciones más detalladas. “Lo misterioso es que muchas de las personas que conocen estas políticas y que las proponen también conocen los [escasos] resultados que se han obtenido con ellas, sin embargo, se mantienen las ofertas electorales”. Según explica, esto sucede porque muchas veces la percepción pública está poco informada y “las políticas efectivas en la materia no necesariamente son coherentes con el sentido común”.
Rodríguez Arechavaleta se muestra tajante a la hora de evaluar las políticas que están realizando los diferentes gobiernos nacionales latinoamericanos: “No creo que se estén tomando medidas adecuadas. Al parecer, no es prioridad en algunos países de la región donde el problema alcanza índices alarmantes como, por ejemplo, Centroamérica”.
