El autor de los disparos fue el ex policía Jorge Bogado, dueño de una parrilla de la zona y puntero de Granados. Los acompañantes de la víctima dijeron que la policía había dejado pasar a Bogado, como parte de una provocación contra los piqueteros. Alcides Daniel Fernández, de 15 años, desapareció mientras recogía cartones. Ya había estado detenido antes bajo acusación de encubrimiento de un delito y alojado en un instituto para menores. Su madre había denunciado por amenazas a policías de Ezeiza. La familia declaró que comerciantes de la zona pagaban para que la policía “desaparezca chorritos” y sindicó entre los ejecutores al oficial subinspector Diego Cristian Pavón, al sargento 1º Miguel Angel Giménez, al sargento Oscar Alfredo Jiménez, y al cabo 1º Eduardo Agustín Bogado, de la policía de Ezeiza.
También mencionó entre los funcionarios que los hostigaban al cabo Juan de Dios Pozze, y sostuvo que “estas acciones son impulsadas e ideadas por el comisario de la 1ª de Ezeiza, Carlos Adrian Dombrosqui”, que según otros testigos, enseñó a sus colegas a torturar, colocando la cabeza de los chicos entre sus rodillas mientras los encañonaba en la cabeza. La abuela del pibe apuntó al intendente Granados. Dijo que meses antes habría mandado golpear al padre del chico desaparecido, “porque prefería trabajar como albañil y no hacerle trabajos políticos”.
A principios de siglo, Granados presidía el club Tristán Suárez, que ahora está a cargo de uno de sus hijos. Su director técnico y amigo de los Granados, Rodolfo Oscar Garayar, denunció que Carlos Ariel Chavez, de 19 años, quien tenía antecedentes por robo y ya había estado detenido en la comisaría 1ª de Ezeiza, lo había asaltado a las 2 de la mañana.
Pero entre la medianoche y la madrugada anterior, Chávez había sido golpeado, esposado y privado de su libertad por tres de los hombres que mencionó la familia de Alcides Daniel Fernández: Pozze, Bogado y Pavón. Así lo declaró un testigo del secuestro. La madre de Chavez responsabilizó también al comisario Dombrosqui y al jefe del comando de patrullas de Ezeiza, comisario mayor Julio Quintela.
La seguridad municipal
Durante los años de la gobernación de Duhalde, Quintela fue titular de la comisaría 1ª, donde lo sucedió Dombrosqui, quien había sido su segundo. Los vínculos políticos se hicieron explícitos cuando Granados designó a Quintela como Director de Seguridad de la Municipalidad, con el declarado propósito de “fortalecer los lazos institucionales con la Policía Bonaerense de Ezeiza, a la que viene apoyando incondicionalmente con medidas concretas como la entrega de combustible para los patrulleros”, como explicó un semanario local. Más tarde, Dombrosqui lo reemplazó al frente de ese sistema de patrullas del programa Tolerancia Cero que ahora se invoca como antecedente por el cual habría que confiar en Granados como ministro de Seguridad.
La investigación que ordenó Cafiero sobre todos estos casos estableció que para disuadir a los vecinos de hablar, los punteros políticos y los punteros policiales hicieron circular la versión de que Granados sería candidato a gobernador o a vice, y Dombrosqui su Jefe de Policía. A raíz de los numerosos sumarios que se le iniciaron, Dombrosqui fue pasado a retiro obligatorio por el ex ministro Carlos Arslanian, en diciembre de 2006.
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El secretario de Granados, Adrián Alejandro D’Amore, hijo de un policía bonaerense exonerado por extorsión, fue designado Juez de Paz. La defensora oficial de Lomas de Zamora, Marcela Piñero, denunció que D’Amore mezclaba en los calabozos a contraventores y menores con delincuentes adultos e incluso a pacientes psiquiátricos.
En un caso que fue llevado a instancias internacionales de protección de los derechos humanos, un menor fue violado por numerosos delincuentes mayores. El informe, que quedó archivado poco después, cuando Cafiero dejó el ministerio, sostiene que la actitud policial abusiva estaba naturalizada para una población que no concebía una relación distinta.
La mayoría estaba resignada a que “la policía cobre protección a los comerciantes, una coima al reducidor de autos, que detenga y golpee, y, por qué no, desaparezca a quienes molestan. A veces, los comerciantes alientan el desborde policial”. Granados es el único intendente que ha tenido Ezeiza, partido creado cuando Carlos Menem lo escindió de Esteban Echeverría.
Según un testigo que declaró en ese expediente, la relación de Granados con la policía era de recíproca conveniencia. Un vecino que reclamó por la mala atención a un hijo en la sala de primeros auxilios fue llevado a la comisaría 1ª con la excusa de que había roto un vidrio. Dombrosqui y otros cinco policías lo derribaron y lo golpearon en el suelo, mientras le decían: “Te vamos a enseñar a hacer denuncias contra el intendente”.
De armas llevar
El 31 de marzo, el actual secretario de Seguridad de Ezeiza, el concejal del Frente para la Victoria en uso de licencia, Roberto Laino, le dijo al diario La Capital de Mar del Plata que Granados destinaba dos millones de pesos mensuales a seguridad, que se financian con una tasa municipal específica. A los noventa móviles de policía y Gendarmería se suman otros cuarenta municipales que patrullan el distrito.
A diferencia de otros partidos, donde estos móviles de refuerzo son tripulados por empleados del municipio, que no pueden intervenir ante un delito si no los acompaña un policía, en Ezeiza son conducidos por un centenar y medio de retirados de las policías federal y provincial, la Gendarmería y las tres Fuerzas Armadas, a quienes se les exige su respectiva autorización para portar armas, lo cual los coloca en un limbo jurídico, ya que actúan como policías sin la capacitación y la regulación correspondientes.
El sistema de cuadrículas del que se enorgullece Granados fue introducido en el conurbano por el ex intendente de Almirante Brown Jorge Villaverde y produce cierto impacto social aunque es un método precario. Con criterios más modernos es posible saber dónde, cuándo y cómo se producen más robos, sin riesgo de que se detecte la regularidad con que pasa el patrullero correspondiente y se aprovechen los espacios ciegos para delinquir.
Pero además, hay una cuestión de escala. No es posible proyectar a la inmensa provincia de Buenos Aires un sistema que puede aplicarse a un partido chico y con recursos, donde el municipio puede pagar los patrulleros y el combustible. Hace apenas tres semanas, en una reunión con dos centenares de policías, Scioli dijo que hablaría con las aseguradoras para que apuraran la reparación de más de mil patrulleros destrozados. Sólo una sostenida inyección de cuantiosos fondos federales podría extender el sistema de cuadrículas para que fuera algo más que cosmética electoral."
