Pérez Corradi había manifestado en el momento de su detención que no quería ser extraditado y que prefería ser juzgado en la Argentina.
Luego se informó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación concedió la extradición, en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, confirmando un fallo de agosto de 2009 de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Para el trámite ante la Corte, Pérez Corradi había cambiado de abogados: cesó en el cargo al ex policía y acusado en su momento por la conexión local del atentado a la sede de la AMIA, Juan José Ribelli, y designó en su lugar a Carlos y Natalí Broitman.
En el interín, el juez federal Norberto Oyarbide lo procesó por blanquear "activos recaudados ilegalmente" supuestamente por el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, el detenido dirigente gremial bancario Juan José Zanola y el fallecido Sebastián Forza.
Y en ese expediente, que intervino la UIF, se falló en contra de Pérez Corradi.
