Los consejeros de Lula dijeron que los controles de la ley, las inspecciones frecuentes, y el final de la incertidumbre legal sobre los derechos de la tierra reducirán la deforestación. La medida pide la demarcación de bosques públicos y hará imposibles los reclamos privados sobre ellos.
Varios especuladores han usado agujeros legales y oscuras negociaciones para comprar y revender ilegalmente tierras a compañías madereras, ganaderos o granjeros.
Hasta ahora, las políticas del gobierno han producido dispares resultados, incluyendo la segunda mayor tasa histórica de deforestación en 2004, así como una creciente violencia en relación a disputas por tierra.
De acuerdo con la medida, sólo compañías brasileñas pueden presentarse a la licitación. Algunos diputados de línea dura temen que las multinacionales podrían establecer frentes legales para participar en lo que llaman la privatización del Amazonas para extranjeros.