Pérez Molina, cuestionado por grupos de derechos humanos por su supuesta participación en delitos de lesa humanidad durante la guerra civil de 1960 a 1996, ha ganado apoyo con su propuesta de "mano dura" con el que promete combatir la delincuencia y la violencia ligada al narcotráfico.
Compitiendo con el ex general se encuentra el diputado centrista Manuel Baldizón, candidato del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder), quien obtuvo un 26,2 por ciento de intención de voto en el sondeo, por arriba del 18,5 por ciento de agosto.
Baldizón está peleando por los votos que perdió la gobernante centroizquierdista Unión Nacional de la Esperanza (UNE) después de que la ex primera dama, Sandra Torres, quedó fuera de la contienda.
Tribunales dijeron que Torres no podía competir en el proceso, a pesar de que se divorció del presidente Alvaro Colom en busca de sortear una prohibición para que familiares de mandatarios sean candidatos.
El general retirado, que busca por 2da vez la presidencia, ha ganado apoyo entre electores en uno de los países latinoamericanos más violentos con sus promesas de acabar con los narcotraficantes y bandas de delincuentes mediante una política de "mano dura" contra el crimen.
El candidato de 60 años lidera el derechista Partido Patriota (PP), dice que desplegará el Ejército para hacer frente a los poderosos cárteles mexicanos que han extendido sus negocios criminales a Guatemala y otros países centroamericanos.
Pérez prometió también "mano dura" contra los criminales en las elecciones del 2007, cuando perdió contra Colom en una segunda vuelta electoral, y ahora ha ofrecido incrementar las filas de la Policía Nacional con 10,000 efectivos más y las del Ejército con 2,500 soldados.
Pérez, quien sirvió al Ejército hasta 1998 y está a favor de recibir fuerzas extranjeras para apoyar el combate a la delincuencia y los cárteles, llega a los comicios cargando con acusaciones por su supuesta participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996).
A comienzos de la década de 1980 comandó tropas en Nebaj, en la occidental provincia de El Quiché, donde el Ejército es considerado culpable de algunas de las peores masacres de civiles, en su mayoría indígenas mayas, según una Comisión de la Verdad respaldada por las Naciones Unidas.
Más tarde, Pérez, quien rechaza las acusaciones, encabezó la temida unidad de inteligencia militar a la que grupos de derechos humanos atribuyen torturas y asesinatos políticos durante el conflicto.
Durante la guerra civil, en la que murieron unas 250,000 personas, la comisión de la verdad halló que el 85 por ciento de las violaciones de los derechos humanos fueron cometidas por militares y, después de años de evasivas, el Gobierno ha comenzado a procesar a algunos implicados.
