Pero el representante de Boskalis explicó que “todos estos contratos datan de una época en la que el país era conocido por su entorno competitivo y, entonces, podíamos participar en licitaciones competitivas ofreciendo precios más bajos. Pero el día de hoy afrontamos el mercado argentino como un monopolo y a Boskalis le resulta casi imposible conseguir un contrato de dragado basado en un régimen de forma transparente y competitividad, que es la única forma que nos interesa para hacer negocios”.
El argumento de Rumes se basa en la actual situación de la hidrovía, la cual actualmente es administrada por Administración General de Puertos (AGP). Cuando en 2021 se terminó el contrato con Jan de Nul, la AGP abrió un proceso licitatorio para el mantenimiento del dragado bajo el gobierno de Alberto Fernández. Pero la licitación se cayó en medio de denuncias cruzadas de oferentes, por lo que hoy rige un contrato precario también con Jan de Nul.
Por eso, el ejecutivo de Boskalis disparó: “Argentina tiene por estas horas una oportunidad: sigue por el monopolio o va por un entorno competitivo. Las cuatro grandes dragadoras están interesadas en competir entre sí, entonces es momento de que la Argentina haga una licitación transparente por la concesión de la vía navegable troncal, o mejor aún dividir la hidrovía en dos sub-concesiones asegurando así un entorno competitivo para los próximos 15 años en beneficio de todo el sistema y la economía argentina”.
La idea dividir la concesión de la hidrovía en dos tramos no es nueva, e incluso fue mencionada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su reciente paso por la Bolsa de Comercio de Rosario. La idea más potable sería que haya un primer tramo hasta el puerto de Timbúes, debido a que los grandes barcos cerealeros necesitan un dragado más profundo.
En el segundo tramo, a partir del Gran Rosario, se realizaría una licitación solo de balizamiento, ya que el tránsito por barcazas hacia el norte no necesita profundidad. El objetivo de dividir la hidrovía es que el costo del peaje para el tránsito importante bajaría, porque no debería también solventar tareas de acondicionamiento río arriba.
Pero los gobernadores de las provincias lindantes al río Paraná se oponen a esta medida, porque para ellos con esa división se reduciría el nivel de obras de acondicionamiento que necesita la vía troncal desde Timbúes hacia el norte y afectaría el desarrollo económico regional de la formación de nuevos clústeres portuarios río arriba.
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