Mientras tanto, Flybondi también mantendría deudas con el Estado. Se trata de un monto superior a los 9.000 millones de pesos, repartido entre distintos organismos como el Ministerio de Turismo, ARCA, ANAC, EANA, PSA, Migraciones y muchos otros.
A ello se suma un frente laboral complejo. Meses antes del colapso operativo, la compañía comenzó una serie de programas de retiro voluntario que habrían sido suscriptos por cientos de trabajadores. Estos acuerdos también formarían parte del pasivo de la empresa, con un potencial de conflictividad judicial en el fuero laboral que podría agrandar “la bola”.
Pasajeros al final
Por último, en la fila de acreedores aparecerían miles de pasajeros con reclamos por presuntos incumplimientos de servicios. Por esa vía, la deuda podría crecer aún más a niveles complejos de determinar debido a que depende de la postura de cada cliente y el curso de su reclamo.
Al igual que con los pagos generales, Flybondi suspendió hace meses el reembolso de pasajes. Aún así, continuó comercializando tickets hasta mediados de año.
Según lo previsto en el concurso preventivo, el reembolso de pasajes corresponde a acreedores quirografarios, es decir sin privilegio de cobro, por lo que podrían quedar como “últimos en la fila” por detrás de los acreedores de los créditos privilegiados (laborales, fiscales y más), que tienen prioridad de cobro.
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