Italia fue el país que llevó esa preocupación más lejos. El Gobierno de Giorgia Meloni alegó posibles amenazas para su seguridad nacional y decidió reintroducir temporalmente controles sobre las llegadas desde España por vía aérea y marítima, con especial atención sobre ciudadanos de terceros países. Roma recurrió así a una herramienta excepcional contemplada dentro del Código de Fronteras de Schengen, pero la decisión cayó especialmente mal en Madrid.
La entrada masiva hacia Ceuta dejó alrededor de 75 muertos durante el cruce fronterizo. La crisis terminó reabriendo el debate migratorio dentro de la Unión Europea.
FOTO: ANTONIO SEMPERE / AP
Hay un punto que alimenta especialmente la pelea. Ceuta es territorio español y de la Unión Europea, aunque mantiene un régimen particular respecto del espacio Schengen. Quien ingresa irregularmente a la ciudad autónoma no obtiene por ese solo hecho libertad para viajar hacia la Península y después desplazarse por Europa. Bruselas, de hecho, sostiene que no se produjo un flujo desde Ceuta hacia la Península ni hacia otros países europeos, uno de los principales argumentos que utiliza el Gobierno de Pedro Sánchez para considerar desproporcionada la reacción italiana.
Moncloa exigió entonces a Roma que retirara los controles y fijó este domingo 9 de agosto como límite. Meloni rechazó el ultimátum y mantendrá el dispositivo, al menos, hasta el 15 de agosto. La fecha no es casual: en redes sociales circula una convocatoria para intentar un nuevo cruce masivo hacia Ceuta y la Guardia Civil ya analiza esos mensajes, aunque por ahora no está acreditado quién los lanzó ni cuántas personas podrían responder al llamado.
El choque dejó así de ser una discusión abstracta sobre migración y fronteras. España respondió aplicando sus propios controles a llegadas desde Italia y el pulso entre ambos gobiernos terminó trasladándose a pasajeros, aeropuertos y terminales. Una semana después de Ceuta, aquella crisis nacida en el norte de África ya altera la movilidad entre dos de los principales destinos turísticos de Europa.
86.000 pasajeros por día: la dimensión del nuevo control fronterizo
La decisión italiana llega en uno de los corredores aéreos más transitados de Europa. Durante agosto, más de 86.000 personas vuelan cada día entre Italia y España en cerca de 500 conexiones directas, una magnitud que ayuda a entender por qué los nuevos controles generan preocupación en plena temporada alta.
Sólo Fiumicino recibe una media de 55 vuelos diarios procedentes de España. Allí, las conexiones españolas pueden ser desviadas hacia circuitos o zonas habitualmente utilizadas para pasajeros extra-Schengen, una medida que afecta el recorrido y los tiempos de todo el pasaje. Una vez allí, la Policía de Frontera concentra las verificaciones documentales especialmente en ciudadanos extracomunitarios. El dispositivo se extendió también a Malpensa y Linate, mientras otros aeropuertos italianos aplican mecanismos similares sobre vuelos llegados desde ciudades españolas.
El aeropuerto de Fiumicino, en Roma, uno de los principales puntos de llegada desde España y donde Italia reforzó los controles tras la crisis de Ceuta.
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El volumen no es menor. Durante la semana comprendida entre el 31 de julio y el 6 de agosto hubo una media de 540 vuelos directos diarios entre ambos países, un 9% más que un año atrás y un 25% por encima de los niveles de 2019. Para todo agosto, las aerolíneas pusieron a la venta alrededor de 2,9 millones de asientos y, con ocupaciones superiores al 92%, se calcula que cerca de 2,7 millones de pasajeros viajarán entre Italia y España.
Las rutas más congestionadas son Roma-Madrid, Roma-Barcelona, Malpensa-Barcelona, Malpensa-Madrid y Roma-Ibiza. En total, 29 ciudades italianas y 22 españolas están conectadas de manera directa, por lo que cualquier ralentización en los controles puede multiplicarse rápidamente entre conexiones, escalas y vuelos posteriores.
España responde desde su lado: controles hasta el 7 de septiembre
La reacción española dejó de ser una amenaza diplomática y ya tiene fecha, policías y pasajeros controlados. Desde la medianoche del sábado, Madrid restableció temporalmente las verificaciones sobre llegadas procedentes de Italia y notificó a Bruselas que el dispositivo se mantendrá, en principio, hasta las 00:00 del 7 de septiembre. El plazo, de todos modos, podrá modificarse si cambia el escenario que desencadenó la pelea entre ambos gobiernos.
Interior desplegó alrededor de 100 agentes y durante las primeras 21 horas revisó la documentación de 199 ciudadanos de terceros países que llegaron en 12 vuelos procedentes de Italia. Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat fueron los primeros aeropuertos en aplicar la medida, antes de extenderla a Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Baleares y Canarias también quedarán incorporadas al operativo.
A diferencia de un control fronterizo sistemático, la Policía selecciona vuelos y pasajeros de manera aleatoria. En promedio, los agentes verifican entre el 5% y el 10% del pasaje, unas 15 personas en aeronaves medianas y alrededor de 25 en las de mayor capacidad. Para decidir dónde actuar pueden utilizar además los datos que las compañías entregan previamente mediante el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR).
Barajas, uno de los epicentros de la respuesta española a Italia: los controles alcanzan entre el 5% y el 10% de los pasajeros seleccionados.
THOMAS COEX / AFP
El foco, en el caso español, está puesto también sobre ciudadanos de países extracomunitarios. Los agentes comprueban pasaporte, visado o permiso de residencia cuando corresponde, mientras que los ciudadanos de la UE quedan, en principio, fuera de estas inspecciones para agilizar las llegadas. Los controles pueden realizarse directamente al bajar del avión y, si aparecen dudas sobre algún viajero, éste puede ser trasladado al puesto fronterizo para una revisión más exhaustiva.
España convirtió así su advertencia a Roma en una respuesta espejo que puede prolongarse durante prácticamente un mes. El problema es el momento: dos de las principales potencias turísticas de Europa incrementan los controles internos en pleno agosto, uno de los meses de mayor movimiento y peso económico para el sector. Lo que comenzó como una pelea política por Ceuta ya amenaza con traducirse en más filas, incertidumbre y demoras para millones de viajeros justo cuando España e Italia atraviesan uno de los períodos más importantes del año para su economía turística.
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