Caos en Ceuta: migrantes intentan saltarse el cordón policial para entrar al campamento

Más de 4.000 personas permanecen en las playas, pero el nuevo dispositivo del puerto solo puede recibir a 1.800. El traslado comenzó con avalanchas y tensión.

Caos en Ceuta: migrantes intentan saltarse el cordón policial para entrar al campamento

Ceuta volvió a amanecer bajo tensión. Miles de migrantes abandonaron los asentamientos improvisados de las playas de Benítez y el Trampolín y corrieron hacia el puerto al advertir el comienzo del traslado al nuevo campamento. Parte del grupo intentó sobrepasar el cordón policial para asegurarse un lugar, lo que provocó avalanchas, forcejeos y el despliegue de unidades antidisturbios.

La desesperación tiene una explicación concreta: el dispositivo solamente cuenta con unas 1.800 plazas de alojamiento temporal, distribuidas en carpas e instalaciones provisionales dentro del recinto portuario, mientras más de 4.000 personas permanecen en esas dos playas. Más de 150 agentes participaron del operativo y formaron barreras para contener el avance antes de comenzar a regular los ingresos. Una medida concebida para ordenar la emergencia dejó expuesta desde sus primeras horas una realidad evidente: no hay espacio suficiente para todos.

La apertura fue posible después de que la Audiencia Nacional rechazara suspender cautelarmente la instalación, cuestionada por el Sindicato Unificado de Policía debido a su ubicación en una zona estratégica y próxima a depósitos de combustible. El campamento permitirá sacar de la intemperie a una parte de los migrantes, pero no resuelve su destino ni reduce las cerca de 13.000 personas que, según el último cálculo de la Ciudad Autónoma, todavía permanecen en Ceuta.

Del campamento al retorno: qué ocurrirá con cada migrante

El recinto del puerto busca resolver primero una urgencia humanitaria: retirar a parte de los migrantes de unas playas convertidas en asentamientos precarios, reducir el hacinamiento y ofrecer condiciones básicas de alojamiento, alimentación y asistencia. Pero también permitirá concentrar el proceso de identificación y ordenar los diferentes expedientes. No se trata de una estación desde la que todos serán enviados directamente a Marruecos, sino de un recurso temporal mientras las autoridades determinan la situación de cada persona.

La falta de documentos no impide una devolución, aunque sí puede retrasarla. La Policía debe establecer la identidad, la nacionalidad y las circunstancias de entrada antes de decidir el procedimiento aplicable. La Ley de Extranjería permite devolver a quienes hayan ingresado irregularmente sin necesidad de tramitar un expediente completo de expulsión, pero la resolución debe ser individual y el afectado tiene derecho a un abogado y a un intérprete. Por eso, el alojamiento dentro del campamento no equivale por sí solo a una orden de salida.

El destino tampoco será idéntico para todos. Los ciudadanos marroquíes identificados podrán ser entregados a Marruecos mediante los mecanismos de retorno correspondientes. Quienes procedan de otros países no pueden ser enviados allí automáticamente: España deberá gestionar su repatriación con el Estado de origen o con otro territorio que pueda admitirlos legalmente. Si una persona solicita protección internacional, la devolución queda paralizada mientras se decide la admisión de su petición; tampoco puede ejecutarse cuando exista riesgo de persecución, tortura o trato inhumano.

El procedimiento cambia todavía más cuando se trata de menores no acompañados. Una vez comprobada o presumida su minoría de edad, deben quedar bajo la protección de la administración competente, ser inscritos en el registro específico y trasladados a recursos adaptados. No pueden ingresar en un centro de internamiento ni ser devueltos como un adulto: cualquier posible repatriación debe estudiarse de manera individual y responder al interés superior del menor. En otros casos, podrán ser reubicados en centros de protección de la Península para aliviar la saturación del sistema ceutí.

Los ataques que elevaron la tensión en las calles de Ceuta

El intento de atravesar el cordón policial no constituye el primer episodio de tensión desde la entrada masiva de finales de julio. La convivencia se ha deteriorado al mismo tiempo que aumentaron los asentamientos improvisados y se prolongó la falta de una respuesta definitiva. En ese contexto se produjeron varias agresiones contra los efectivos desplegados, utilizadas por vecinos, asociaciones militares y partidos de la oposición para reclamar más seguridad y acelerar los retornos.

El caso más grave ocurrió el 27 de agosto en Benzú. Un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó un vehículo del Ejército y comenzó a arrojarle piedras de gran tamaño. Cuatro militares resultaron heridos y tuvieron que abandonar el transporte y escapar a pie mientras continuaban siendo perseguidos. La intervención posterior de la Policía Nacional y la Guardia Civil terminó con doce ciudadanos marroquíes detenidos.

Diez días más tarde se registró otro apedreamiento cerca de la playa del Trampolín. La Guardia Civil identificó a 21 migrantes marroquíes por lanzar objetos contra una patrulla militar y los agentes que acudieron en su apoyo. En esa ocasión no hubo heridos ni daños materiales y los implicados regresaron voluntariamente a Marruecos. La sucesión continuó esta semana: tres personas, entre ellas un menor, fueron detenidas después de que un grupo amenazara a militares en la zona del Recinto.

El Ministerio de Defensa confirmó además que dos efectivos permanecen ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por lesiones sufridas durante el despliegue, aunque no detalló cuándo ni en qué circunstancias fueron atacados. Entre otros episodios recientes figura la agresión a dos guardias civiles durante la identificación de personas que querían regresar voluntariamente a Marruecos. El responsable fue condenado a dos años de prisión y expulsado de España. Otro militar sufrió una fractura de peroné después de ser empujado hacia una zona de escolleras.

La presión también creció del otro lado. La misma noche del ataque de Benzú, las fuerzas de seguridad tuvieron que impedir que un grupo de ceutíes avanzara hacia las playas para enfrentarse con los migrantes y destruir sus refugios. Días después, miles de personas se manifestaron contra la gestión del Gobierno y exigieron expulsiones, mientras otras convocatorias denunciaron los ataques racistas y pidieron proteger a quienes permanecen en condiciones precarias. Los incidentes corresponden a grupos concretos y no permiten responsabilizar al conjunto de los migrantes, pero alimentan una fractura social cada vez más difícil de contener.

De las calles al fútbol: Ceuta entra en la batalla política

El malestar social no nació en los despachos de ningún partido. Los asentamientos, las agresiones contra efectivos, la saturación de los servicios y la incertidumbre sobre cuándo terminará la emergencia explican buena parte de la preocupación de los ceutíes. Sin embargo, la derecha convirtió esa inquietud en uno de sus principales frentes contra el Gobierno y amplificó el conflicto mediante protestas, intervenciones parlamentarias y una intensa campaña en redes sociales.

La presión alcanzó esta semana al Parlamento Europeo. Una resolución aprobada por 339 votos contra 225, con el apoyo del PP europeo, Renew y los grupos de ultraderecha, calificó lo sucedido como una “invasión” y un “ataque híbrido”. Aunque el texto no es vinculante, exige el retorno inmediato de quienes entraron irregularmente, cuestiona la política migratoria de Pedro Sánchez y contempla suspender fondos europeos a Marruecos si no colabora. Alberto Núñez Feijóo trasladó el mismo argumento al comisario europeo de Interior: sostuvo que la crisis afecta a la integridad territorial y reclamó resolverla sin esperar los plazos planteados por el Ejecutivo.

La discusión terminó saltando incluso al fútbol. La campaña privada “Todos somos caballas” llevó camisetas de apoyo a Ceuta a diferentes estadios, pero también convirtió la indumentaria de los jugadores en una prueba pública de posicionamiento. Abde Ezzalzouli recibió amenazas después de participar con el Betis y tuvo que explicar que entendía el mensaje como un gesto social, no político. El Barcelona decidió no adherirse, mientras Mbappé, Vinícius y Konaté ocultaron parcialmente el lema antes del partido entre Elche y Real Madrid.

Ese gesto fue aprovechado inmediatamente por PP y Vox para elevar la presión. Ester Muñoz, portavoz popular en el Congreso, aseguró que le produjo “vergüenza ajena” y exigió explicaciones; José María Figaredo, dirigente de Vox, lo calificó de insolidario. Mbappé respondió que mantiene su respaldo a Ceuta, pero que también quiso recordar a los migrantes muertos y evitar establecer una jerarquía entre sufrimientos. El Real Madrid defendió la libertad individual de sus futbolistas, mientras Javier Tebas cuestionó públicamente su decisión.

La polémica demuestra hasta qué punto Ceuta dejó de ser únicamente una emergencia fronteriza para convertirse en un símbolo político y mediático. Este viernes, Florentino Pérez viaja a la ciudad acompañado por Emilio Butragueño y Pirri, aunque el club sostiene que la visita estaba organizada desde antes del episodio de las camisetas. La coincidencia coloca igualmente al presidente del Madrid en el centro de una controversia que ya atraviesa instituciones, partidos, tribunas y vestuarios.

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