Chevron llegó a un acuerdo extrajudicial con la consultora estadounidense Stratus Consulting recientemente relacionado a las demandas por fraude y extorsión que estaban pendientes en su contra.
Stratus, parte acusada en la demanda bajo la ley federal estadounidense contra la asociación para delinquir y extorsionar, RICO, que fue presentada por Chevron en febrero de 2011, ha entregado declaraciones juradas que describen el conocimiento de la consultora acerca de la conducta indebida de los abogados de los demandantes en el juicio de Lago Agrio; además han atestiguado que no existe mérito científico alguno que sustente los reclamos por daños de los demandantes en contra de Chevron Corp.
“Nos complace que Stratus se haya presentado para revelar la verdad. Solicitamos a todos quienes conozcan algo sobre el fraude que contamina el juicio en el Ecuador que comparezcan y hagan lo que es correcto”, dijo Hewitt Pate, vicepresidente y consejero general de Chevron.
En declaraciones juradas, Stratus detalla el papel que la firma y los abogados de los demandantes desempeñaron en la redacción del informe de daños supuestamente independiente de Richard Cabrera, que sirvió como base probatoria en la sentencia de 2011 en contra de Chevron en el Ecuador. El testimonio también ofrece un recuento directo sobre el control que ejerció el abogado principal de los demandantes, Steven Donziger, sobre el proceso del “Informe Cabrera” y la presión que éste ejerció para fabricar los daños que se le atribuyen a Chevron.
Cancillería
En tanto, la Cancillería ecuatoriana realiza una gira internacional para denunciar a la petrolera Chevron, e instaló esta semana una galería fotográfica para dar a conocer el “desastre humano y ambiental” provocado por la compañía en la Amazonía durante sus labores de explotación, entre 1964 y 1990.
El Ministerio, a través de la Escuela de Formación Continua sobre el Buen Vivir, organizó la muestra que está disponible durante el mes de abril para funcionarios y visitantes.
Su propósito, indica un comunicado de la Cancillería, es denunciar “las herramientas de protección de inversiones que utilizan algunas empresas transnacionales para cometer abusos contra la economía y soberanía de los estados”.
En marzo pasado, el canciller Ricardo Patiño aprovechó su gira en busca de apoyo a las reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), para condenar la estrategia de Chevron, que denunció al país a través del Tratado Bilateral de Inversión (TBI).
Según Ecuador, la petrolera trata de involucrar al Estado en “un conflicto entre particulares” utilizando el TBI.
A inicios de marzo pasado, el canciller afirmó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) aprobó una Declaración Especial para rechazar las acciones que ejerce Chevron, tras el fallo judicial de febrero del 2011 que la condenó a pagar US$ 19.000 millones por contaminación.
El próximo 22/04, dijo, cancilleres de 4 países de la ALBA tratarán las afectaciones con transnacionales.
