En el documento, Saab detalló que la exfiscal actuó de manera unilateral "y sin tener en cuenta, ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y el Poder Judicial".
Y agregó:
Las conclusiones emitidas por la ex fiscal carecen de valor alguno, en torno al examen preliminar que se sigue sobre Venezuela, a la vez que resalta el compromiso de demostrar ante el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la ex fiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso Las conclusiones emitidas por la ex fiscal carecen de valor alguno, en torno al examen preliminar que se sigue sobre Venezuela, a la vez que resalta el compromiso de demostrar ante el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la ex fiscal ha demostrado con sus actuaciones parciales en este caso
El informe de la CPI
De acuerdo con el sitio de noticias ABC, en el documento de Bensouda se citan crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela, entre los que se encuentran "el encarcelamiento u otra severa privación de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional de acuerdo con el artículo 7(1)(e); tortura de acuerdo con el artículo 7(1)(f); violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de acuerdo con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma".
La exfiscal señala, además, que la investigación del organismo internacional vendría dada por la "inacción" del Estado venezolano ante los hechos denunciados. En este sentido, apunta "el limitado número de procedimientos locales significativos relacionados con los potenciales casos identificados por la Fiscalía; su enormemente limitado alcance relativo a sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y continuos en aquellos casos para establecer la responsabilidad penal de las personas sospechosas".
Las observaciones realizadas por Bensouda ponen en especial el foco sobre el tratamiento a las personas detenidas, aspecto sobre el que considera que hay "información suficientemente detallada y fiable".
La información disponible proporciona bases razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente responsables de la comisión física de estos supuestos crímenes incluyen a estos cuerpos: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS) y otras diversas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) La información disponible proporciona bases razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente responsables de la comisión física de estos supuestos crímenes incluyen a estos cuerpos: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS) y otras diversas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
Además, Bensouda asegura que, de acuerdo con la información disponible, "individuos progubernamentales también participaron en la represión de opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento".
