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Crecen las denuncias en medio de los ahorcamientos en Singapur por tráficos de drogas.
Los activistas en Singapur sostienen que la mayoría de los presos en el corredor de la muerte son las personas más vulnerables y marginadas y al no poder acceder a abogados, se representan cada vez más a sí mismos después de sus apelaciones porque no pueden acceder a los abogados.
“A las autoridades no les conmueve el hecho de que la mayoría de las personas condenadas a muerte provengan de grupos marginados y vulnerables. Las personas que están en el corredor de la muerte son aquellas consideradas prescindibles tanto por los capos de la droga como por el estado de Singapur. Esto no es algo de lo que los singapurenses deberían estar orgullosos”, opinó Kirsten Han en diálogo con The Guardian.
Según los medios internacionales ,el gobierno sostiene que la pena de muerte es un elemento disuasorio eficaz contra los delitos relacionados con las drogas, que mantiene segura a la ciudad estado, cuenta con el apoyo generalizado del público y que los procesos judiciales son justos.
Según el gobierno de Singapur, la aplicación de la pena de muerte cuenta con el abrumador apoyo de la población, favorable en un 83%, informó Asia News. Sin embargo una opinión que confirmó en 2018 una encuesta de la Universidad de Singapur en la que el 60% de los encuestados dijo saber "poco o nada" sobre la pena capital.
Sin embargo, una investigación de Amnistía Internacional dice lo contrario. “No hay evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único o que tenga algún impacto en el uso y la disponibilidad de drogas”.
Además alertó por las crecientes ejecuciones en Singapur a comparación de otros países de la región Singapur fue uno de los pocos países que ejecutaron a personas por delitos relacionados con las drogas el año pasado, junto con China, Arabia Saudita e Irán.
“A medida que los países de todo el mundo eliminan la pena de muerte y adoptan la reforma de la política de drogas, las autoridades de Singapur no están haciendo ninguna de las dos cosas”.
Pena de muerte
Al menos 13 personas han sido ahorcadas hasta ahora en Singapur desde que el gobierno reanudó las ejecuciones después de una pausa de dos años durante la pandemia de Covid-19.
El año pasado batió su récord ahorcando en pocos meses a 11 presos, incluyendo un traficante de heroína con discapacidad intelectual cuya sentencia también suscitó las críticas de la comunidad internacional.
Las ejecuciones programadas se sumarían a al menos otras dos ocurridas este año, la última el pasado mayo, en ambos casos por tráfico de marihuana.
La primera, en abril, fue calificada de "escandalosa" por organizaciones de derechos humanos, y la ONU pidió a Singapur detenerla. Los abogados y familiares del ejecutado afirmaban que éste nunca había tocado ni visto la droga que le acusaron de conspirar para traficar. Tangaraju Suppiah, de 46 años, fue ahorcado en la madrugada del miércoles por un complot para contrabandear esa cantidad de marihuana, el doble del límite establecido para la pena de muerte en el país.
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Con el cese de la pandemia, Singapur retomó las ejecuciones.
El año pasado, la Unión Europea se opuso "firmemente" a la pena de muerte "en todo momento y en todas las circunstancias" y pidió conmutación de penas de los presos en el corredor de la muerte alegando que era un castigo "cruel e inhumano que "no disuade" de cometer delitos.
La embajada argentina en Singapur en 2022 emitió una alerta a los turistas que se encontraban allí advirtiéndoles de las duras sanciones y penas del régimen.
"El tráfico de drogas, dependiendo de la clase y cantidad de drogas traficadas, está penado con pena de prisión, latigazos o pena de muerte. A los efectos de la aplicación de la ley, en el tipo penal del tráfico de drogas se incluyen la venta, transporte, entrega, distribución, el ofrecimiento de drogas a un tercero, ordenar a otra persona que transporte droga, traficar drogas a nombre de otro, aunque esa persona no se encuentre en Singapur".
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