En este episodio de enero, la PF mapeó R$ 115.000 (US$ 23.200) en retiros realizados por la pareja y al menos una supuesta entrega de valores en un hotel.
Al investigar el vehículo, la PF descubrió que el auto estaba a nombre de una persona, pero era usado y estaba en la residencia de Luciano Cavalcante (asistente directo de Lira) y su esposa, Glaucia.
Glaucia fue filmada conduciendo el vehículo mientras viajaban en Maceió.
La Operación Hefesto ejecutó 26 órdenes de allanamiento y 2 órdenes de aprehensión temporal.
La pareja fue detenida este jueves (01/06) en un operativo que también realizó allanamientos contra Luciano Cavalcante, asistente del diputado Arthur Lira.
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Arthur Lira, presidente de la Cámara Baja de Brasil.
El escándalo
Megalic, la empresa que suministró los kits, operaba en una pequeña casa en el barrio de Jatiuca, en Maceió, con un capital de R$ 1 millón (201.737). La empresa es solo una intermediaria, aunque haya cerrado contratos millonarios, por lo menos R$ 24 millones (US$ 4.841.688). No produce los kits de robótica.
Megalic está a nombre de Roberta Lins Costa Melo y Edmundo Catunda, padre del concejal de Maceió, João Catunda (PSD). La cercanía del concejal y su padre con Lira es pública. Además de la empresa y de Edmundo Catundo, la PF apuntó a otros aliados de Lira en Alagoas.
La PF investiga posible fraude que pudo haber causado una pérdida de R$ 8,1 millones (US$ 1,6 millón) a las arcas públicas con kits de robótica.
Tras mapear transacciones sospechosas entre Megalic y empresas propiedad de personas vinculadas a Lira, la PF solicitó allanamientos y detenciones en marzo de este año.
Según la nota de la PF, la investigación identificó “que las transacciones financieras fueron realizadas por los socios de la empresa proveedora y por otros investigados por personas naturales y jurídicas sin capacidad económica y sin relevancia para la rama de actividad de suministro de equipos de robótica, que pueden señalar el ocultamiento y disimulación de bienes, derechos y valores derivados de actividades ilícitas”.
Según la PF, los delitos se habrían cometido entre 2019 y 2022 en contratos con 43 municipios de Alagoas.
Como mostró Folha en su momento, los kits fueron contratados con recursos, en gran parte, de las enmiendas del multimillonario relator de presupuesto —en ese momento, durante el gobierno de Bolsonaro, Lira era responsable de controlar la distribución de parte de ese tipo de dinero en Brasilia .
El TCU ya había señalado fraude en los procesos de compra de kits de robótica en el gobierno de Bolsonaro y suspendió los contratos.
El área técnica del tribunal identificó, en total, 253 compromisos por un valor total de R$ 189 millones (US$ 38,1 millones) para la compra de kits de robótica. La mayor parte está relacionada con las apelaciones de enmiendas del relator, y no todo fue realmente pagado.
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