No obstante, la documentación desclasificada este miércoles vuelve a tensionar ese relato. Los papeles muestran que el CNI detectó el 29 de julio convocatorias en grupos de Facebook y WhatsApp que reunían hasta 180.000 miembros y avisó tanto a organismos españoles como a los servicios secretos marroquíes. La alerta no permitía conocer la dimensión exacta que alcanzaría el movimiento, pero fue considerada creíble y advertía de una posible pasividad de las fuerzas de seguridad por la celebración de la Fiesta del Trono. Por eso, el debate ya no pasa únicamente por determinar si Rabat organizó el operativo, sino también por explicar qué hicieron ambos gobiernos con la información disponible.
La cautela del Ejecutivo responde, además, a un equilibrio estratégico. España necesita la colaboración marroquí para contener los flujos migratorios, ejecutar devoluciones, combatir el terrorismo y el narcotráfico y preservar la estabilidad comercial en el Estrecho. Una ruptura también perjudicaría a Rabat, que depende del intercambio económico y de su vínculo con la Unión Europea, pero el control fronterizo le concede una herramienta inmediata de presión. Proteger esa relación puede explicar la prudencia diplomática de Sánchez, aunque no resuelve las contradicciones que ahora examina la Justicia.
Dos lenguajes y un diálogo pendiente entre Felipe VI y Mohamed VI
La desconfianza aumentó porque, pocas semanas después de la crisis, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, volvió a reivindicar los supuestos “derechos históricos y geográficos” de su país sobre Ceuta y Melilla y pidió negociar su incorporación al reino. No existe una prueba que conecte directamente aquellas declaraciones con la movilización de julio, pero la secuencia resulta difícil de ignorar. Rabat facilitó después el retorno de miles de personas, aunque antes sus fuerzas permitieron que la frontera quedara desbordada.
El lenguaje empleado a cada lado del Estrecho revela una relación cada vez más desigual. Mientras el Gobierno español insiste en presentar al país vecino como un socio imprescindible, evita atribuirle responsabilidades y procura encauzar las diferencias por vías diplomáticas, integrantes del Ejecutivo marroquí colocan abiertamente la soberanía de las dos ciudades sobre la mesa. Exteriores rechazó cualquier negociación y recordó que ambas forman parte de España y de la Unión Europea, pero Moncloa continúa midiendo cada respuesta para no poner en peligro la cooperación fronteriza.
Felipe VI y Mohamed VI, protagonistas de un canal diplomático que podría destrabar la crisis, aunque la posible visita del monarca español a Ceuta amenaza con elevar la tensión.
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Esa prudencia tampoco significa que una ruptura perjudicaría únicamente a España. Marruecos depende del intercambio comercial, las inversiones y su acceso privilegiado al mercado europeo, pero posee una ventaja inmediata: puede aumentar o reducir la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla. Esa capacidad de abrir y cerrar el paso convierte la frontera en una herramienta política y permite a Rabat elevar sus exigencias sin llegar formalmente a quebrar la relación bilateral.
En medio de ese equilibrio aparece Felipe VI. El Gobierno sondeó en agosto a la Casa Real sobre la posibilidad de que llamara a Mohamed VI para abordar la crisis, aunque hasta ahora no trascendió que la conversación se haya producido. Sánchez anunció después que el monarca visitará Ceuta, y previsiblemente Melilla, cuando se den las condiciones. Ambos movimientos transmiten mensajes opuestos: una llamada podría contribuir a la distensión, mientras un viaje constituiría una afirmación inequívoca de la soberanía española.
El antecedente explica las dudas. Cuando Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron las dos ciudades en 2007, Marruecos calificó el gesto de “lamentable” y retiró a su embajador en Madrid durante 65 días. Felipe VI podría ahora ofrecerle al Ejecutivo una salida diplomática mediante su interlocución personal con Mohamed VI, pero también convertirse en el protagonista del próximo choque si finalmente pisa Ceuta. La Corona no puede resolver por sí sola una crisis dirigida desde los gobiernos; la verdadera pregunta es si Moncloa utilizará ese canal para recomponer la relación o para marcarle por primera vez un límite claro a Rabat.
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