Las elecciones para reemplazar a la mayoría de los jueces se llevarán a cabo en junio de 2025, y las papeletas para el resto se emitirán en 2027.
Polémica reforma
El argumento del gobierno es que la medida busca aumentar la transparencia y que los ciudadanos tengan un papel más activo en la conformación del sistema judicial en un intento por “democratizarlo”.
Sin embargo, los detractores de la reforma, cuyos miembros más extremos intentaron paralizar la sesión del senado para evitar su aprobación, advirtieron sobre sus peligros que atentan contra la democracia mexicana y la división de poderes y sistema de contrapesos y equilibrios.
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Manifestaciones en contra de la controvertida reforma.
Uno es que la elección popular podría permitir al partido mayoritario controlar el poder judicial, lo que pondría en riesgo la independencia del poder, y prácticamente de la democracia misma. El sistema se convertirá, dicen, en una herramienta para la influencia política partidaria comprometiendo la imparcialidad.
Incluso algunos advirtieron que la reforma facilitaría la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial en un país donde los poderosos cárteles de la droga utilizan regularmente el soborno y la intimidación para influir en los funcionarios.
Los narcos podrían proponer y respaldar candidatos que conducirán a una erosión de aquel poder. Asimismo, ejercerían influencia en el proceso electoral.
Diferentes organizaciones de Derechos humanos y USA condenaron la reforma judicial que está retrasando inversiones por USD 35 mil millones de empresas extranjeras en el país.
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