Los denunciantes ya habían sido descalificados por otra corte en el año 2017 con la excusa de que “faltaba el vínculo de dependencia entre Fernando Karadima y el Arzobispado de Santiago”. En consecuencia, el reciente fallo revoca el anterior y sentencia que: "la iglesia católica de Chile protegió a los abusadores como si ellos fueran víctimas de una infamia y agresión pública”.
Al preguntarle por el efecto que tuvo las manipulaciones del religioso en su vida, Hamilton junto a los tres demandantes dijo: “Tiene el efecto de que cualquier víctima podrá alegar contra el abusador y contra la iglesia como garante”, dijo. Luego explicó que no fue hasta el año 2004 que rompió relación con Karadima para proteger a sus hijos.
Aunque, según el relato, la víctima fue perseguido por el sacerdote enviando sacerdotes y obispos para hablar con su familia. Lo que continuó hasta que Hamilton lo denuncio frente a las autoridades eclesiásticas quienes no emitieron más que silencio al respecto.
Si bien el religioso ya fue sido expulsado de la institución por el Papa Francisco en septiembre de 2018 para “proteger la Iglesia”, Karadima, había sido previamente castigado por el Vaticano en 2011 con una vida de penitencia y oración. El sacerdote que en su época de auge tenía el control de las redes políticas de la diócesis de Santiago de Chile ya desde hace tiempo atrás no tenía grandes privilegios en la Santa Sede.
El 20/02, el obispo Fernando Ramos, representante de la Conferencia Episcopal de Chile, también se hizo cargo y sin defender a la institución a la cual pertenece dijo que las situaciones de abuso "causan un dolor que afecta la vida completa de las personas".
Además de las denuncias de los 3 hombres hoy reconocidos por la Justicia, la Fiscalía chilena tiene en curso más de 140 investigaciones contra otras diócesis, además de la que ejercía Karadima. El Arzobispado de Santiago declaró mediante un documento su conformidad con el fallo “porque apunta directamente a las falencias”.
