Líderes de izquierdas y de derechas criticaron las graves fallas del estado tras el brutal asesinato de una joven en Francia a manos de un inmigrante marroquí.
El reciente asesinato de una estudiante universitaria de 19 años Universidad Paris-Dauphine en Francia a manos de un ex convicto marroquí sacudió al país y reavivó el debate en torno a la inmigración ilegal.
El cuerpo de Philippine fue hallado enterrado en los bosques “Bois de Boulogne” de París, y el agresor fue detenido en Suiza. El caso ha provocado una ola de indignación no solo por la brutalidad del crimen, sino porque el marroquí ya había sido condenado por violación y tenía una obligación de abandonar el territorio francés que no había cumplido.
Según la fiscalía, el sospechoso de 22 años, “en situación irregular en territorio francés, fue condenado en octubre de 2021 por violación cometida en 2019 cuando era menor de edad. Fue liberado, al finalizar su condena, en junio de 2024”.
Según Le Monde, luego fue internado en un centro de detención administrativa de Metz tras su salida de prisión el 20 de junio y puesto en libertad el 3 de septiembre por un juez de libertad y detención a cambio de que se presentara regularmente ante las autoridades. El 4 de septiembre, Marruecos había “enviado la autorización de expulsión” a las autoridades francesas.
“Esta liberación se produjo en el momento de la cuarta y última posibilidad de prorrogar su detención quince días, antes de alcanzar la duración máxima prevista por la ley, aumentada a noventa días en 2018. La administración no había obtenido un pase consular (LPC) de Marruecos, documento de viaje imprescindible para la expulsión de un extranjero sin pasaporte”.
El día anterior al asesinato, 19 de septiembre, había sido incluido en el expediente de personas buscadas, porque no respetó su obligación de presentarse en la comisaría.
La tragedia evitable enfatiza cómo la burocracia y la incomunicación y falta de coordinación entre las autoridades complican los procesos de deportación y gestión de los inmigrantes irregulares. El caso, como el de Solingen, evidencia graves problemas estructurales.
El mismo medio informó que la tasa de ejecución de medidas de expulsión (OQTF) de Francia es la más baja de la Unión Europea: alrededor del 7% en comparación con casi el 30% a nivel europeo.
El nuevo ministro del Interior de derecha de Francia, Bruno Retailleau, prometió endurecer la legislación sobre inmigración y facilitar la deportación de extranjeros condenados por delitos.
“Nos corresponde a nosotros, como responsables públicos, rechazar lo inevitable y desarrollar nuestro arsenal jurídico para proteger a los franceses. Si tenemos que cambiar las reglas, cambiémoslas”, aseguró.
Una de las críticas más fuertes provino del presidente de la Asociación Nacional (RN), Jordan Bardella, que afirmó que el sospechoso "no tenía nada que hacer en nuestro suelo", pero que "pudo reincidir con total impunidad" . "Nuestra justicia es laxa, nuestro Estado es disfuncional, nuestros líderes dejan a los franceses vivir con bombas humanas”.
Incluso la diputada de Les Ecologists, Sandrine Rousseau, declaró, por su parte, que este "feminicidio" merecía "ser juzgado y castigado severamente".
“Se debe aclarar toda la información sobre las condiciones de su liberación. Para la seguridad de los franceses, la expulsión sistemática de los delincuentes y criminales extranjeros es imperativa ”, afirmó el diputado (renacentista) Charles Rodwell en X.
Y el ex presidente, François Hollande, cuestionó la "cadena criminal y administrativa" en dialogo con Franceinfo y dijo que las órdenes de deportación debían ejecutarse “rápidamente”.
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