Es más, el asesinato del dirigente correísta Pedro Briones post magnicidio de Villavicencio y el atentado a la candidata legislativa por 'Claro Que Se Puede' Estefy Puente, desligó al partido del ex presidente Rafael Correa de supuesta responsabilidad por el asesinato del candidato anticorrupción Villavicencio y legitimó el adelanto de las elecciones.
Cuando Lasso decretó hace poco el estado de excepción y toque de queda en Manabí, Los Ríos y en el cantón Durán de la provincia del Guayas, se justificó en los ‘actos terroristas’ a políticos.
Dicho esto, en la cuestión Argentina, que sectores de la Izquierda local hayan reconocido estar detrás de los saqueos, concibe a ello como análogo al terrorismo y legitimaría entonces la aplicación del estado de sitio.
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El presidente argentino Alberto Fernández podría tal como Lasso y sus hómologos latinos decretar un estado de sitio en los municipios en los que delincuentes han saqueado, (como José C. Paz, Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar y Tres de Febrero), hasta que se normalice la situación.
El monopolio de la fuerza legítima o el monopolio del caos
El estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, no olvidemos, sea de Izquierda o Derecha, como evidenció Evo Morales que tomó la decisión de decretar un estado de sitio en Pando ante la ola de violencia del 2008, o los cinco días de estado de excepción en 2002 que impuso el ex presidente paraguayo Luis González Macchi ante manifestaciones que pedían su cabeza o el estado de emergencia nacional en Perú post disolución del Congreso de parte de Castillo.
Cabe destacar que existen pequeñas diferencias entre un estado de sitio y estado de excepción/emergencia; el primero refiere a un régimen de excepción impuesto por el Ejecutivo con la autorización del parlamento para ejecutarlo, que en Argentina, junto con los DNU, intervención federal y delegación legislativa, conforman los institutos de emergencia que consagra la Constitución.
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Estado de sitio en Pando, Bolivia, post ola de violencia
Mientras el estado de sitio (art.23 de la CN Argentina) se declara en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente y tiene duración de 45 días (se puede prorrogar) en los que se garantiza los derechos fundamentales, en el estado de emergencia/excepción se puede restringir derechos (como la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito) y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.
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Así, la principal diferencia es que el estado de emergencia/excepción en nuestro país no está contemplado, y en otros países hermanos puede ser declarado por el Presidente de la República y gabinete sin necesidad de consulta en el Parlamento.
Ahora bien, en el caso puntual de El Salvador bajo el liderazgo del populismo punitivo de Nayib Bukele, se prorroga cada mes el estado de excepción que habilita a limitar la libertad de asociación y reunión, suspender derechos durante un arresto como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención, aumentar el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permitir a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial.
Gracias al plan Bukele que privó de la libertad a 60 mil delincuentes, se redujeron las cifras de homicidios de 2.390 a 496 en sólo cuatro años por las continuas prórrogas del estado de excepción y políticas para combatir el crimen organizado, pese a que cayeron jóvenes por ‘portación de cara’—pero el mandatario salvadoreño o tiene más opción para erradicar el narcocrimen que confiar en el profesionalismo de sus fuerzas armadas—.
Del mismo modo, el país centroamericano de Honduras prorrogó a fines de mayo del 2023 el estado de excepción por 45 días más (aplicado desde año pasado) contra el narcotráfico y la delincuencia armada, y ello concretó la desarticulación de 150 bandas criminales y la decomisación de casi 3 mil armas de fuego.
Por tanto, el recurso legal del estado de sitio y toque de queda ante conductas anómicas sociales en Argentina no debe ser un alegoría a un gobierno antidemocrático o dictadura, sino un garantía de orden y funcionamiento institucional que nos compete a todos.
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