El caso comenzó cuando la niña abandonó su hogar tras una discusión con su madre en la madrugada. Horas después, la abuela de la menor recibió llamadas de un número desconocido, que no contestó inicialmente. Al devolver la llamada, un hombre afirmó tener a la niña. La familia, por su cuenta, investigó y llegó al asentamiento humano Los Lúcumos de Pachacámac, donde encontraron a Gerson Alexander Juárez Tapia, quien confesó ser el autor del crimen, según supo Infobae.
Fueron los propios padres que buscaron y encontraron el cadáver de su propia hija luego que la policía no les hiciera caso por más que colocaron la denuncia.
Este martes reportaron la desaparición de otra niña de 12 años en el distrito de San Juan de Lurigancho, Gabriela Sedamano quien desapareció hace dos días. Fue vista por última vez al promediar las 6:20 p.m., del domingo 8 de diciembre, luego de salir de su vivienda ubicada en la Asociación Vivienda Israel, según El Comercio.
Pena de muerte
El fuerte pedido de Boluarte es un desesperado intento por calmar a los peruanos ante la creciente violencia en el país. En Perú, sumida en un caos, los gremios y trabajadores del sector transporte en Lima y Callao exigen que las autoridades tomen acciones contra el crimen organizado que presuntamente están atentando contra ellos con amenazas, asesinatos y extorsiones.
Según medios locales, se trata de un problema central por el desborde criminal que ya ejerce un control territorial en varias zonas del Perú, principalmente en la costa y la capital.
La desaparición de la niña de 12 años en Villa María del Triunfo ha generado controversia en Perú, con acusaciones de inacción por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, el Ministerio del Interior ha negado cualquier negligencia por parte de los agentes de la comisaría de José Gálvez.
En Perú la pena de muerte solo podría ser restablecida mediante una reforma constitucional que apruebe el Congreso. La iniciativa, sin embargo, tiene obstáculos legales significativos.
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La iniciativa tiene varios obstáculos legales.
Lima es parte del Pacto de San José de Costa Rica, conocido mundialmente como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide su aplicación.
Boluarte lo reconoció. “Como Estado peruano estamos suscritos a un pacto internacional que nos obliga a cumplir determinadas cuestiones y sobre todo a excluir en este caso estas penas que son tan graves”.
Sin embargo, dijo: “Yo creo que el Estado peruano, conjuntamente con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, tiene que efectuar un análisis para que evaluar si nos resulta un conveniente la pertenencia o no al pacto”.
Según el Instituto Internacional de Derechos humanos (IIDH-América): “No hay estudios que sostengan que la pena de muerte pueda disuadir al delincuente para que los sicarios dejen de matar, que los violadores dejen de atacar a niños o para que los corruptos deje de lucrar ilegalmente. La cadena perpetua es la otra cara de la medalla de la pena de muerte y en Perú se aplica”.
Desde 1995, el poder legislativo ha hundido al menos ocho proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte.
La actual normativa prevé la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años. Según el Instituto Nacional Penitenciario, 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por este delito.
De hecho, en recientes declaraciones para Canal N, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez respaldó a la propuesta de debatir la pena de muerte para delitos graves, como violación sexual y propuso extenderla a los sicarios.
"Desde el Ministerio del Interior podríamos incluir también la propuesta de aplicar penas más severas a los sicarios”.
Los opositores del gobierno aseguran que no resolverá el problema de fondo en Perú. El problema de la escalada de la violencia, según ellos, es una ley promulgada recientemente el congreso que redefine el término organización criminal y cambia protocolos de allanamientos y favorece al crimen organizado y se opone a acuerdos internacionales.
Este año Perú registró un récord de denuncias de violencia sexual escolar. El portal SíseVe del Ministerio de Educación reportó 3.536 casos en el año, el mayor número desde su creación en el 2013. 2.483 corresponden a víctimas en secundaria y 953 en primaria, según El Comercio.
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