Ese punto choca con una defensa oficial que fue modificándose a medida que aparecieron los documentos. Tras la desclasificación, Moncloa ya no niega que existieran comunicaciones previas: Pedro Sánchez sostiene ahora que nadie, tampoco el CNI, pudo anticipar la dimensión real de la entrada masiva, mientras Margarita Robles defiende que los servicios actuaron correctamente ante un fenómeno “de magnitud no previsible”. La posición acordada entre Moncloa y Defensa admite que Inteligencia detectó convocatorias y las trasladó a la Delegación y otros organismos, pero insiste en que no existió una alerta que permitiera anticipar una crisis de más de 70.000 intentos de entrada.
La crisis obligó después a Sánchez a reforzar la cadena de mando. El 25 de agosto, el Consejo de Ministros colocó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como autoridad encargada de coordinar la respuesta para recuperar la normalidad en Ceuta, con un comité en el que participan la Delegación del Gobierno, el CNI, los ministerios implicados, la ciudad autónoma y el Departamento de Seguridad Nacional. Torres no formaba parte de la estructura que debía valorar los avisos antes del cruce masivo, pero desde entonces quedó situado en el centro político de una gestión que ahora suma su primera dimisión y una contradicción abierta entre dos de los hombres que estaban sobre el terreno.
La víspera del desborde: mensajes, llamadas y un escenario de “riesgo extremo”
Los documentos publicados por el propio Gobierno permiten seguir casi hora por hora lo que ocurrió el 29 de julio, cuando todavía faltaba un día para que la frontera de Ceuta quedara desbordada. El contacto entre Inteligencia y la Delegación no comenzó con el mensaje que después se haría público. A las 11:18, un agente del CNI remitió al gabinete una captura de un perfil de redes sociales de Castillejos que hablaba de un posible acuerdo entre España y Marruecos para devolver migrantes desde Ceuta y preguntó directamente: “¿Hay algo en firme?”. Era la continuación de unas comunicaciones que ya venían produciéndose desde el día 27, cuando la propia Delegación había informado de una reunión urgente con Policía Nacional, Guardia Civil y autoridades locales por el aumento de entradas a nado.
El tono cambió a las 13:52. El CNI escribió que en redes existía un “llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h”, aprovechando la Fiesta del Trono y la previsión de que las fuerzas de seguridad marroquíes estuvieran concentradas en las celebraciones. El agente añadió que las convocatorias circulaban por dos comunidades que sumaban unos 180.000 seguidores y remató: “Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión”. Un minuto después, a las 13:53, Inteligencia intentó contactar con la UCE-3 de la Guardia Civil y trasladó prácticamente el mismo escenario: “Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana”. Tras varios mensajes, ambas partes mantuvieron a las 14:41 una conversación telefónica de siete minutos y 38 segundos.
La advertencia salió además de los circuitos internos españoles. A las 18:26, el CNI remitió una nota urgente a los servicios de inteligencia marroquíes, la DGST y la DGED. El documento ya no hablaba de rumores genéricos: describía la “planificación de varias convocatorias” para entrar en Ceuta durante la Fiesta del Trono, identificaba un grupo de WhatsApp denominado “Asalto a la valla de Ceuta”, señalaba comunidades de Facebook con más de 160.000 y 22.000 miembros e incluía datos de algunos de sus responsables. Una de las publicaciones detectadas presentaba la festividad como una “última oportunidad” para cruzar mientras las autoridades estuvieran ocupadas.
Todavía faltaba una pieza. A las 21:09, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional distribuyó entre los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla una nota titulada “Alerta riesgo sobre entradas”. El informe contemplaba tres posibilidades para el día siguiente: entradas exclusivamente a nado, consideradas de probabilidad alta; una combinación de entradas a nado y saltos a la valla, con probabilidad media; y una acción coordinada por ambas vías, a la que otorgaba una probabilidad media-baja pero calificaba con un nivel de riesgo “extremo”. El propio texto advertía que este tipo de actividad detectada en redes sociales ya se había materializado en ocasiones anteriores.
Miles de personas intentan acceder a Ceuta durante la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio, el episodio que abrió una fuerte disputa sobre qué sabía el Gobierno antes del desborde.
FOTOS: NA
La jornada se cerró a las 21:34, cuando fue la propia Delegación del Gobierno la que llamó al CNI. La conversación duró once minutos, aunque el expediente desclasificado no revela su contenido. Es ese vacío el que ahora adquiere otra dimensión después de la salida de Gonzalo Sanz: los papeles permiten saber qué circuló durante aquellas horas, a quién se avisó y con qué nivel de detalle; lo que todavía está bajo disputa es cómo se trasladó esa información dentro de la cadena política y qué decisiones se tomaron después de recibirla.
Marruecos, el punto ciego: los informes chocan con la cautela de Moncloa
La otra gran incógnita de la crisis está al otro lado de la frontera. Desde el comienzo, Pedro Sánchez evitó responsabilizar a Marruecos y el Gobierno mantuvo que no existen pruebas sólidas de que Rabat planificara o ejecutara la entrada masiva. Esa sigue siendo, formalmente, la posición del Ejecutivo. Sin embargo, los propios documentos que Moncloa decidió desclasificar dibujan un escenario bastante menos limpio: el CNI dejó constancia de que durante el desborde “no se ha detectado reacción proactiva de las autoridades marroquíes”, mientras un informe del CENIF habló de “permisividad” e incluso de un posible “guiado activo” de personas hacia Ceuta. La Guardia Civil llegó a incluir entre sus hipótesis una eventual “connivencia” marroquí relacionada con acontecimientos políticos recientes, aunque sin presentarla como una conclusión probada.
A ese material oficial se agregó una revelación de Vozpópuli que volvió a poner el foco sobre Rabat. El periódico publicó imágenes satelitales de un convoy de vehículos que se dirigía hacia Ceuta durante aquellas horas y aseguró, citando fuentes policiales conocedoras de la investigación, que la organización de esos traslados resultaba difícil de explicar sin algún grado de participación de las autoridades marroquíes. Según el medio, las fotografías captadas por el CNI no fueron incorporadas al informe policial enviado inicialmente a la Audiencia Nacional por razones vinculadas a la seguridad nacional. La información está ahora dentro de un rompecabezas judicial mucho más amplio y, por sí sola, tampoco demuestra que existiera una orden directa del régimen de Mohamed VI.
La prudencia española contrasta, además, con el tono utilizado por miembros del propio Gobierno marroquí después de la crisis. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, sostuvo el 21 de agosto que Marruecos mantiene un “derecho histórico y geográfico” sobre Ceuta y Melilla, propuso abrir un mecanismo de negociación con España y habló de conseguir su “retorno al seno de la patria”. Días más tarde, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, volvió a introducir la reivindicación de las dos ciudades durante una ceremonia celebrada en presencia de Mohamed VI. El monarca no formuló personalmente esa reclamación, una diferencia que conviene mantener clara, y Madrid respondió oficialmente con un “rechazo tajante” a cualquier cuestionamiento de la soberanía española.
Pedro Sánchez observa junto a agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional las cámaras de vigilancia de la frontera de Ceuta, en plena gestión de una crisis que sigue bajo presión por los avisos previos del CNI.
FOTO: NA / XINHUA
El choque entre ambas lecturas ya trascendió la pelea partidaria. Un sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER mostró que el 89% de los españoles atribuye mucha o bastante responsabilidad a Marruecos, mientras un 72% también señala al Gobierno español. Cerca del 63% calificó como mala o muy mala la gestión de Sánchez. Es decir, la cautela de Moncloa con Rabat no solo se enfrenta a informes que todavía están siendo investigados, sino también a una percepción social muy distinta de la que intenta sostener el Ejecutivo.
Y ahí la dimisión de Gonzalo Sanz adquiere un peso mayor. No demuestra quién organizó lo ocurrido ni convierte automáticamente las sospechas sobre Marruecos en hechos probados, pero vuelve a erosionar una versión oficial que fue corrigiéndose a medida que aparecían documentos, informes y testimonios. Moncloa insiste en que nadie pudo anticipar la magnitud de la crisis y en que no existen pruebas concluyentes contra Rabat; al mismo tiempo, sus propios servicios describieron pasividad marroquí, la Policía investiga indicios más graves y uno de los funcionarios situados en primera línea acaba de contradecir públicamente a su superior. Esa distancia entre el relato político y la información que continúa saliendo a la luz es, cada vez más, el centro de la crisis de Ceuta.
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