La Asamblea Nacional de Nicaragua, supeditada al gobierno de Daniel Ortega, canceló el martes pasado la personería jurídica de 83 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños.
El dictador Daniel Ortega ha ejercido desde sus primeros días en el poder una campaña represiva contra la cultura y las academias basado en un odio hacia lo “extranjero” o a lo no propiamente estatal o gubernamental.
El cierre de estas 83 ONG forma parte del plan de persecución estatal contra organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas no afines al partido del gobierno. Desde inicio de mayo hasta el presente han sido ilegalizadas 229 Organizaciones No Gubernamentales y 319 desde diciembre de 2018. También desde el comienzo de su gestión ha logrado cerrar numerosas universidades privadas.
La propuesta de decreto la presentó el diputado oficialista Filiberto Rodríguez el 25 de mayo, ante una solicitud del Ministerio de Gobernación, ente gubernamental que regula las organizaciones sin fines de lucro. El nuevo decreto de cancelación se aprobó con el voto de 75 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ningún voto en contra y la abstención de 16 diputados de partidos minoritarios.
Es relevante destacar que el oficialismo controla la Asamblea Nacional, por lo que ha logrado sacar leyes en función de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado la creciente presión sobre entidades independientes, pero sus quejas no obtuvieron resultado.
Entre las entidades que fueron canceladas se encuentran algunas civiles, que defienden los derechos de las mujeres y derechos humanos, otras de protección medioambiental, también causas médicas, educativas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.
Entre las 83 ONG ilegalizadas se encuentran dos que son vitales para la supervivencia de la cultura de Nicaragua: la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños. Está última era una de las bibliotecas virtuales más completas de ese país. Allí se recopilaba material político, cultural y jurídico y relevante para los nicaragüenses. Y la clausura de la primera representa una pérdida enorme para las Letras de Nicaragua. Su cierre significa un peligro para la vigencia de parte de la lengua española. Además cumplía un papel indispensable como parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española.
Organismos que defienden y conservan la lengua española como la real academia española (RAE) han manifestado su "profunda preocupación" por el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua.
También, la Academia Argentina de Letras expresó su “más enérgico repudio”. “Con esta acción, el Gobierno de dicha nación manifiesta su intolerancia y falta de respeto a las instituciones y a las personas. Nuestra solidaridad con los colegas y escritores del país hermano”.
Los argumentos del régimen de Daniel Ortega descansan en supuestas irregularidades formales e incumplimiento de las ONG de varias leyes, como la de no haberse inscripto en el registro de agentes extranjeros “siendo sujetos obligados” y no haber adjuntado informes financieros detallados. Todas estas acusaciones fueron rechazadas por los afectados.
Nicaragua atraviesa una crisis política, social y cultural desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre del año pasado en las que el dictador Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales adversarios en prisión.
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