Ocho días después, la Delegación envió un informe al Ministerio de Política Territorial en el que reclamaba refuerzos para la Guardia Civil y la Policía Nacional, más capacidad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la creación de un espacio específico para identificar y clasificar a los recién llegados. La advertencia describía una estructura de acogida próxima a saturarse, aunque todavía no anticipaba la dimensión que alcanzaría la movilización del 30 de julio.
El Gobierno sostiene que respondió progresivamente: desplazó embarcaciones, incorporó agentes antidisturbios y envió personal técnico para localizar un centro de triaje. El 29 de julio, además, representantes de Interior, Política Territorial, Infancia y Migraciones mantuvieron una reunión con el delegado y acordaron nuevas actuaciones. Pérez Triano tenía previsto anunciarlas en una rueda de prensa a la mañana siguiente, pero el ingreso de unas 80.000 personas desbordó la frontera antes de que pudiera comparecer.
La controversia no reside, por lo tanto, en la ausencia absoluta de comunicaciones, sino en una advertencia mucho más concreta. Gonzalo Sanz, entonces jefe de Gabinete de la Delegación, afirma que el 29 de julio trasladó personalmente a su superior unos mensajes recibidos de un agente del CNI sobre convocatorias difundidas en grupos con alrededor de 180.000 usuarios. Pérez Triano asegura que nunca conoció esos intercambios y sostiene que, además, no constituían una alerta formal capaz de anticipar una entrada de semejante magnitud.
La incompatibilidad entre ambas versiones terminó con la dimisión de Sanz el 11 de septiembre y abrió una grieta imposible de cerrar dentro de la propia Delegación. El antiguo asesor dejó por escrito que existían informes capaces de demostrar las peticiones elevadas a Madrid, pero mantuvo que sí había comunicado las conversaciones con Inteligencia. Esa combinación resulta particularmente incómoda para el Ejecutivo: permite defender que hubo gestiones previas y, al mismo tiempo, deja sin explicar por qué una información tan sensible no llegó, o no fue considerada relevante, por la máxima autoridad estatal en la ciudad.
La Audiencia Nacional intenta ahora despejar esa incógnita. La jueza María Tardón citó como testigos a Sanz y al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, dentro de una causa que también examina quién promovió las convocatorias, si existió financiación coordinada y cuál fue la actuación de las fuerzas marroquíes. Pérez Triano no ha sido declarado responsable de la avalancha, pero su renuncia coincide con el momento en que la discusión política abandona el terreno de las acusaciones cruzadas y comienza a quedar sometida a testimonios, documentos y decisiones judiciales.
La frontera de Ceuta permanece bajo vigilancia reforzada tras la crisis migratoria, mientras las autoridades españolas intentan prevenir nuevas entradas masivas desde Marruecos.
FOTO: AFP
David de la Encina hereda la frontera, pero no el partido
El Gobierno recurrió a un dirigente con experiencia municipal y raíces ceutíes para intentar recuperar estabilidad. David de la Encina nació en la ciudad autónoma, es abogado y gobernó El Puerto de Santa María entre 2015 y 2019 al frente de una coalición encabezada por el PSOE. Permaneció como concejal y dirigente socialista en Cádiz hasta junio de 2023, cuando abandonó la primera línea política después de la mayoría absoluta obtenida por el PP en aquel municipio. Tres años más tarde, regresará para asumir uno de los puestos territoriales más delicados del Estado.
Su nombramiento busca combinar conocimiento administrativo con una pertenencia local que reduzca la percepción de que Madrid coloca a un funcionario ajeno a Ceuta. De la Encina deberá coordinar la frontera con Marruecos, el dispositivo policial, los centros de acogida y la relación entre los distintos ministerios, pero también reconstruir la confianza de una población que todavía convive con miles de migrantes, protestas callejeras y sucesivas advertencias sobre nuevos intentos de entrada.
Esa responsabilidad institucional no lo convierte automáticamente en sucesor político de Pérez Triano. La Delegación del Gobierno depende de la Moncloa, mientras la dirección del PSOE ceutí deberá quedar transitoriamente en manos de una gestora hasta que el partido reorganice su estructura. Tampoco existe, por ahora, un candidato alternativo para las elecciones autonómicas de mayo de 2027, una carrera que los socialistas habían comenzado a preparar con su anterior secretario general como único aspirante.
La renuncia resulta especialmente costosa porque obliga a reconstruir simultáneamente el liderazgo, el discurso y la lista electoral. Pérez Triano había confirmado su candidatura en julio y pretendía intensificar la campaña desde septiembre, pero la avalancha destruyó aquel calendario antes de que pudiera ponerse en marcha. Quien lo reemplace deberá defender la actuación del Gobierno central sin quedar asociado a sus errores y presentarse como una alternativa local después de más de dos décadas de administraciones encabezadas por el PP.
La Moncloa puede nombrar a un nuevo delegado mediante una decisión del Consejo de Ministros; recomponer una organización dañada exige mucho más tiempo. De la Encina heredará desde este martes el control institucional de la crisis, pero no necesariamente el liderazgo electoral ni la autoridad interna que Pérez Triano concentraba hasta ahora. El relevo cubre así el despacho más importante del Estado en Ceuta, aunque deja al socialismo local buscando nuevamente quién lo conduzca.
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