Esos dos accidentes, sumados a varios incidentes más, hicieron que la más reciente apuesta de Boeing quedara en tierra al menos por 20 meses. Así, se generaron pérdidas millonarias no solo para la fábrica, sino también para sus clientes.
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Los procesos no serían confiables.
Pero aún peor para la empresa fue la investigación de esos fatales vuelos, que destapó una trama en la que se acusó a Boeing de una presunta defraudación a la Administración Federal de Aviación (FAA) para certificar el nuevo modelo. Eso dejó a la compañía sin más remedio que alcanzar un presunto acuerdo con los damnificados, que demandó US$ 2.500 millones.
Además, como parte de ese acuerdo surgió la posibilidad de un enjuiciamiento diferido, que eximiría de responsabilidades penales a Boeing. Se trata de una especie de “libertad condicional” que la compañía debía cumplir sin sobresaltos para mantener esa condición.
Estalló de nuevo
El incidente de Alaskan Airlines se produjo pocos días antes de que se venciera el plazo condicional que Boeing había de cumplir como parte del enjuiciamiento diferido. Así, se gatilló un nuevo proceso que podría tener implicancias penales para el fabricante.
A tal punto que incluso el FBI puso la lupa sobre la empresa. Según informó la CNN, el organismo federal notificó a los pasajeros de Alaskan como “posibles víctimas de un delito".
“Me comunico con usted porque lo hemos identificado como una posible víctima de un delito”, señalaba una de las cartas que fueron acercadas a la prensa. De momento, Boeing no dio declaraciones al respecto.
Mientras tanto, todos los ojos están puestos en los procesos de control de calidad de los aviones Boeing. En especial de la familia 737 MAX, el jugador más fuerte al que la compañía apostó para competir a nivel mundial.
