La Corte Penal Internacional(CPI) de La Haya (Países Bajos) es un organismo básicamente europeo que vive una contradicción: la ética del conflicto que reclama tiene una finalidad política que no consigue el reconocimiento del aliado principal, USA, ni del mayor aliado de USA, que es Israel.
Pero la CPI tiene la intención de abrir dos casos contra Rusia por presuntos delitos cometidos en relación con la invasión de tropas rusas en Ucrania, según The New York Times. El tribunal se negó oficialmente a comentar el rumor.
Según The New York Times, el fiscal de la CPI, Karim Khan, proporcionará inicialmente las pruebas recopiladas de los crímenes al equipo de instrucción previa; decidirá si hay motivos suficientes para emitir órdenes de arresto o si los fiscales necesitan recopilar pruebas adicionales.
Karim Asad Ahmad Khan es un abogado británico y especialista en Derecho Penal internacional y Derecho Internacional de derechos humanos que se ha desempeñado como Fiscal de la Corte Penal Internacional desde 2021.
Su nombramiento fue una decisión del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Hasta entonces él era subsecretario General de Naciones Unidas y asesor especial y jefe del equipo de Investigación de Naciones Unidas para la Promoción de la Rendición de Cuentas por los Crímenes.
Si se presentan cargos contra Rusia, será el 1er. intento de responsabilizar a los funcionarios rusos ante un tribunal internacional por posibles delitos en Ucrania.
Los expertos entrevistados por el NYT consideraron que el proceso es improbable: la CPI no puede considerar casos en ausencia y es poco probable que Rusia extradite a sus propios funcionarios.
La CPI anunció el inicio de los trabajos de investigación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de Ucrania desde finales de 2013 a principios de marzo de 2022. Para ello, 42 empleados de la organización fueron enviados a Ucrania.
Sin embargo hay un tema mucho más importante: el Pentágono se opone a que USA proporcione a la CPI cualquier información de inteligencia estadounidense que confirme los hechos de los crímenes de guerra rusos en Ucrania.
Según The New York Times, el departamento militar teme que esto sea un precedente que permita, en el futuro, enjuiciar a soldados estadounidenses.
El Pentágono confrontó con las agencias de inteligencia, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia a causa de este tema, según el NYT, y el Consejo de Seguridad Nacional convocó una reunión ministerial el 03/02 para llegar a un acuerdo sobre este tema, pero el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y varios líderes militares, rechazaron la transferencia de datos a La Haya. El presidente Joe Biden aún no ha tomado una decisión sobre la cooperación de USA con la CPI, dijeron las fuentes del NYT.
La CPI comenzó su labor en 2002 y su jurisdicción se extiende a los delitos cometidos en los territorios de los países que han ratificado el Estatuto de Roma (el acuerdo en virtud del cual se estableció la corte), o los delitos cometidos por ciudadanos de estos países en cualquier parte del mundo pero ni USA ni Rusia lo hicieron.
El presidente estadounidense Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero no lo envió al Congreso para su ratificación, y 2 años más tarde George W. Bush retiró la firma del Presidente en el documento.
En 2017, cuando la CPI abrió una investigación sobre la tortura de sospechosos de terrorismo por parte del ejército estadounidense en Afganistán, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva sancionando al personal judicial, que el secretario de Estado, Mike Pompeo, calificó de "corrupto".
En 2021, la Administración Biden levantó las sanciones a cambio de que el fiscal Karim Khan cerrara la investigación afgana. Esto obliga a preguntarse acerca de la imparcialidad del fiscal Khan.
El Congreso de USA ha aprobado leyes que limitan la colaboración con la CPI: en 2002 aprobó permitir al Presidente tomar "todas las medidas necesarias" (incluidas las militares) para liberar a los ciudadanos estadounidenses detenidos bajo una orden de arresto de la CPI. Pero tras el inicio de la guerra rusa con Ucrania, se modificó la legislación en diciembre de 2022, permitiendo al Presidente ayudar al tribunal "en el enjuiciamiento de ciudadanos extranjeros en relación con la situación en Ucrania".
No obstante, el Pentágono mantiene su oposición.
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