Para mejorar el sistema, la reforma constitucional de 1994 creó el Consejo de la Magistratura, bajo cuya órbita se realizan los concursos de candidatos a cubrir los juzgados. Sin embargo, una mayoría dentro del organismo puede alterar a voluntad las ternas que elabora el jurado de los concursos en función de las calificaciones obtenidas. Quien estaba en décimo lugar puede ser incorporado a la terna, como se evidenció con la actual postergación en el orden de mérito de quien había resultado primera en la terna para un lugar en la Cámara Electoral. Para peor, en 2006, una ley alteró el sano equilibrio de los distintos estamentos del Consejo, al aumentar de manera inconstitucional el peso de los legisladores en detrimento del resto.
Surge a las claras que desde hace 80 años el Poder Judicial ha estado asediado tanto por gobiernos democráticos como de facto. Con excepción de los períodos de Frondizi, Illia, De la Rúa y Alfonsín, los gobiernos procuraron tener una Corte afín y a sus propios jueces federales".
En este sentido, intentó imponerle su punto de vista al Máximo Tribunal al mejor estilo K: "Ninguna institución es mejor que las personas que la hacen funcionar, cualesquiera que sean sus ideologías. Sin un Poder Judicial independiente y estable, la vida de los ciudadanos y sus derechos a la libertad, a la propiedad y a la igualdad de oportunidades quedan a merced del gobierno de turno. El mundo de los negocios también se resiente, como es obvio, pues sin esa independencia el comportamiento futuro de los jueces también se torna imprevisible, lo que pondrá en riesgo sus inversiones presentes y futuras. De aquí que urge su efectivo involucramiento en el modo de elección y designación de los jueces, pues ello guarda relación directa con el presente y futuro de su empresa. El momento en que esta preocupación debe alcanzar su punto máximo es antes de las designaciones. Pues una vez que ellas ya se han producido, si han recaído en profesionales sin idoneidad, venales o complacientes del poder, el daño ya estará hecho.
Hijo predilecto de este peligroso pasado es el gobierno actual. Su afán por ampliar desorbitadamente la cantidad de juzgados federales penales -tanto en esta capital como en el interior- y por ensanchar la composición de la Corte Suprema, sobre la base de excusas carentes de comprobación empírica o respaldo documental, es prueba irrefutable de los avances sobre la independencia que continuaremos sufriendo y denunciando. Cualquier pretensión de presentarlo como una superación novedosa solo confirma la aviesa intención que la historia desnuda, con los resultados ya conocidos y los consiguientes perjuicios para las libertades ciudadanas".
