Bólgar dijo que acudió a los tribunales después de que Durov, según ella, le diera un ultimátum a finales de 2022, obligándola a mudarse de Suiza a Emiratos Árabes Unidos.
“En ese momento, nuestra relación personal ya había cesado efectivamente debido a una serie de hechos ocurridos en 2021-2022”, posteó.
¿Extorsión?
Bolgar dijo que cuando ella se negó a mudarse, Durov la privó de apoyo financiero: bloqueó el acceso a las tarjetas bancarias, con las que podía gastar hasta 150.000 euros mensuales durante años, y también se negó a pagar directamente de sus cuentas para la educación, gastos de viaje y médicos.
“Cuando le dije que defendería mis derechos y los derechos de mis hijos en un ámbito legal, se negó a firmar el consentimiento para que los niños renovaran nuestros documentos de inmigración europeos y emitieran otros nuevos. Obviamente, para no darnos la oportunidad de quedarnos en Europa”, dijo Bólgar.
Según ella, acudió a los tribunales para “ampliar urgentemente por su cuenta los documentos administrativos de los niños”. Bólgar añadió que las autoridades tutelares intentaron ponerse en contacto con Durov, pero él no respondió.
Según su relato a Forbes, cuando Durov dejó de mantenerla económicamente a ella y a sus hijos, su nivel de vida disminuyó. “La primera vez que volamos en clase económica, los niños [que antes sólo habían volado en aviones privados] preguntaron: '¿De dónde vienen las demás personas de aquí?'”.
Según Bolgar, ella y sus hijos viven de su salario de 8.000 francos suizos (8.500 euros) al mes, que recibe de una empresa de consultoría suiza.
Libertad condicional
Durov fue puesto en libertad bajo supervisión judicial con la obligación de pagar una fianza de 5 millones de euros. Debe presentarse en la comisaría 2 veces por semana. A Durov se le prohibió salir de Francia.
El abogado de Pavel Durov, David-Olivier Kaminsky, hizo su primer comentario público sobre el caso del fundador de Telegram.
Kaminski destacó que la plataforma cumple con las reglas digitales europeas y que “los estándares de moderación son idénticos a los de otras redes sociales”.
"Yo añadiría que es absurdo decir que el propietario de la plataforma es responsable de actos delictivos en los que no está directa o indirectamente involucrado", afirmó Kaminski.
Durov fue acusado de cometer los siguientes delitos:
- conspiración para administrar una plataforma en línea para facilitar transacciones ilegales como parte de un grupo organizado;
- negativa a proporcionar información ante solicitudes de organismos autorizados;
- complicidad en la distribución de programas de hackers, distribución de imágenes pornográficas de menores por parte de un grupo organizado, distribución de drogas, así como complicidad en fraude por parte de un grupo organizado;
- lavado de dinero resultante de las actividades de un grupo delictivo organizado;
- prestación de servicios criptográficos destinados a garantizar la confidencialidad, sin declaración obligatoria;
- suministro ilegal e importación de herramientas de criptografía.
Según el artículo 132y 133 del Código Penal francés, si en un juicio se declara culpable a una persona de haber cometido varios delitos simultáneamente, se le puede imponer una pena por cada uno de esos delitos.
Sin embargo, si estos castigos son de la misma naturaleza (es decir, por ejemplo, si una persona es condenada a prisión por varios cargos), entonces no son acumulativos: solo se ejecutará un castigo dentro del máximo establecido por la ley. La pena máxima de prisión a la que se enfrenta Durov en virtud de determinados artículos es de 10 años.
Un comunicado de prensa de la fiscalía de París afirma que la investigación se inició después de que las autoridades francesas observaran que Telegram prácticamente no respondía a las solicitudes judiciales, lo que también fue señalado por representantes de otros países europeos, por ejemplo, Bélgica. En febrero de 2024 se inició una investigación preliminar bajo la dirección de la fiscalía de París, y la investigación judicial comenzó el 8 de julio.
Durov compareció ante el tribunal la tarde del 28/08, después de pasar 4 días bajo custodia policial. El juez de instrucción debía presentar cargos contra él o reconocerlo como testigo en un proceso que anteriormente se había iniciado contra personas “no identificadas”.
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