La escena mostró el límite del discurso oficial. Ya no es solo un papel, sino un gobierno que, en vez de explicar qué pasó con los subsidios recortados en la ANDIS o con los audios de Karina Milei, prefiere hablar de supuestas operaciones rusas y venezolanas (que ya terminó generando memes y chistes en redes sociales). En otra nota con la misma radio, Bullrich llegó a decir que los audios eran parte de una estrategia de "injerencia extranjera".
La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que difundió Manuel Adorni, acusa a Rial y Federico de participar en una "operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al país". Incluso menciona a Franco Bindi y a Pablo Toviggino, y habla de "influencia rusa y chavista". Pero lo cierto es que, como reconoció la propia Bullrich cuando la apretaron en vivo, "no sabemos quién fue" el que grabó a Karina Milei.
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Bullrich negó en vivo haber pedido allanamientos, pero la denuncia oficial lo confirma. El Gobierno acusa a los periodistas de participar en una supuesta operación extranjera para desestabilizar la gestión.
La pregunta de fondo es otra: ¿puede un gobierno democrático pedir allanamientos a periodistas que publican pruebas de corrupción? Así lo resumió Rial en la comisión: "Es un punto de quiebre, si nos llevan puestos a nosotros se van a llevar puestas todas las libertades". Esto es un test institucional, y el oficialismo, en vez de dar explicaciones, eligió ponerse en guerra con la prensa.
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