Es preciso destacar que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó su Informe Anual de Monitoreo 2025 y advirtió un récord de 278 ataques contra la prensa, el número más alto desde 2008, con un aumento del 55% respecto al año anterior. El reporte, titulado “El periodismo en riesgo de silencio”, remarcó al poder político como principal agresor y ubica al presidente Javier Milei como responsable de 119 casos. Además, alerta sobre el crecimiento de la violencia estatal y digital, así como el deterioro del clima para el ejercicio periodístico, con impacto directo en la calidad democrática y el acceso de la ciudadanía a la información.
Amparo judicial en defensa de la prensa ante la embestida oficialista
El abogado constitucionalista Diego Armesto, representante del medio Ámbito Financiero, sostuvo que la medida “afecta derechos humanos fundamentales, principalmente la libertad de expresión y la libertad de prensa”. En ese sentido, remarcó que “cualquier restricción al derecho a la libertad de prensa y expresión es una vulneración a los derechos fundamentales”, al tiempo que recordó que estos principios están protegidos por la Constitución y tratados internacionales.
El letrado explicó que, si bien “no hay derechos absolutos en la Constitución”, la libertad de expresión tiene límites muy específicos. Citó que, como establece la normativa internacional, “la libertad de expresión, el derecho a saber, a informarse tiene una limitación que es nada más y nada menos la responsabilidad ulterior”, y subrayó que ese es el criterio que “debería tener presente el Gobierno” al momento de adoptar decisiones.
Sobre la acción judicial, detalló que “el amparo presentado lo que pretende es, obviamente, defender los derechos vulnerados a partir de la medida arbitraria y manifiestamente ilegal”. Apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo al señalar que la decisión implica “vulnerar derechos humanos fundamentales”, en particular aquellos vinculados al ejercicio del periodismo y al acceso a la información pública.
Finalmente, advirtió sobre el impacto institucional de estas restricciones y su vínculo con la vida democrática. “La libertad de prensa tiene un gran correlato con el debate público y la necesidad de los ciudadanos de participar”, afirmó, y recordó que “sin el periodismo sería imposible controlar al Gobierno”. En esa línea, expresó su expectativa de que la Justicia actúe para “proteger el derecho humano fundamental” y garantizar el orden constitucional.
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