Carrió hizo estas declaraciones en un reportaje que le concedió a Clarín el 15 de noviembre último, en el que admitió que incluso ella había cuestionado a Rafecas por desestimar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto encubrimiento en el marco de la causa AMIA.
Finalmente, en marzo de 2018 el Consejo de la Magistratura aplicó a Rafecas una multa económica del 50% del sueldo, por única vez, por "falta de decoro" en su actuación en la causa del memorándum con Irán.
"Las declaraciones de Carrió evidencian la existencia de una mesa judicial, la participación en ella de José Torello (exjefe de asesores presidencial) y la existencia de ´acuerdos´ entre esa mesa y algunos jueces”, sostuvieron los diputados en la presentación realizada ante el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación de ese accionar.
Para los diputados, los dichos de Carrió exponen la "injerencia indebida de esa mesa judicial sobre los procesos de remoción de magistrados".
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el Gobierno de Cambiemos e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Ana Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial) que le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum con Irán firmado por Fernández de Kirchner.
