También propone la creación de un Observatorio Parlamentario contra el Discurso de Odio, con autonomía técnica, que se encargaría de elaborar informes, identificar patrones de violencia institucional y proponer políticas para erradicarlos.
Ponerle un límite a los funcionarios
A su vez, el texto explica no apunta a regular las opiniones individuales ni a limitar la libertad de expresión de los ciudadanos, sino a marcar un límite claro cuando el aparato estatal se utiliza como altavoz para agredir, dividir o criminalizar a sectores sociales.
Aunque no se menciona directamente a Milei, el proyecto aparece en un contexto donde el presidente ha llamado “ratas”, “parásitos” o “corruptos” a periodistas, sindicalistas, legisladores y artistas. En simultáneo, casos como el del diputado Espert —que en plena sesión se refirió de forma despectiva a una colega como “mogólica”— refuerzan la preocupación por la naturalización de la violencia verbal institucional.
Giuliano y sus colegas firmantes remarcan que otros países, como Alemania o Canadá, ya han adoptado herramientas similares para preservar el orden democrático frente al avance de discursos autoritarios. Y consideran que Argentina necesita una norma que ponga fin a lo que describen como una "peligrosa degradación del debate público".
______________________________
Más noticias en Urgente24:
A pesar de la motosierra, todavía hay 14 empresas estatales deficitarias: Cuáles son
La AJB le pidió a Axel Kicillof que no acepte la renuncia de la jueza Makintach
¿Inesperado aliado para Cristina Kirchner?: Pichetto ve un "tema político" en la condena
