Unos 140 trabajadores fueron desvinculados en febrero, luego del pedido de quiebra presentado por la propia compañía y en medio de los reclamos laborales conducidos por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quienes exigieron el pago de salarios y la definición sobre el futuro de la planta en Río Grande.
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El intento de la empresa por salvarse
Vale recordar que la empresa intentó revertir su crítica situación financiera con un plan de continuidad que fracasó de manera definitiva.
La propia compañía puso a disposición de la Justicia sus activos: la planta de Tierra del Fuego, que cuenta con una tasación del Banco Nación superior a US$15 millones y, adicionalmente, se importaron 4.000 kits para la fabricación de equipos, cuyo valor potencial como producto terminado asciende a unos USD 2 millones.
El directorio sostuvo en su presentación ante el juzgado que "el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos", con tasas de financiamiento local de 25% a 30% anual, mientras que los márgenes de utilidad post-impuestos solo alcanzaban entre 10% y 15%. El modelo de autofinanciación basado en preventa y descuento de cheques llevó a una acumulación de deudas insostenible.
En busca de una salida, la compañía negoció desde noviembre del año pasado con Chigo Group, fabricante chino de aires acondicionados, planteando la venta total o parcial de la empresa y la inyección de un mínimo de US$5 millones para capital de trabajo. El plan contemplaba además reemplazar el esquema de financiamiento local por crédito de proveedor a 150 días y reactivar la planta con envíos chinos de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales.
Sin embargo, la contraparte postergó avances hasta realizar una visita y nuevas evaluaciones, lo que, según la administración de ADS, resultó "incompatible" con el estado financiero crítico.
La empresa presentó también un plan de Continuidad Productiva Controlada para terminar los kits ya importados y destinar el producido a cubrir una deuda aproximada de US$500.000 con proveedores, los salarios pendientes y un fondo indemnizatorio, bajo supervisión judicial. El tribunal negó la autorización el 19 de febrero, con lo cual se cerró la última vía de salvataje.
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