Con la aprobación de la ley Bases, el Gobierno de Javier Milei podría pasar "a disponibilidad" a miles de trabajadores del Estado por un cambio en la Ley Marco.
Mientras negocia para lograr la sanción de la ley Bases en el Senado, el Gobierno de Javier Milei alista un plan para una nueva ola de despidos en el sector público a la que quedaría habilitado.
El plan incluye a nada menos que 125.000 trabajadores que el oficialismo pasaría a disponibilidad y, que eventualmente podrían ser despedidos. Y se trata de aquellos que actualmente forman parte de la planta permanente del Estado.
Tras activar la primera etapa de los despidos a principio de año con la no renovación de los contratos firmados durante 2023, Javier Milei vuelve a la carga sobre los trabajadores estatales, en particular sobre aquellos que actualmente se encuentran cumpliendo funciones en los organismos y entidades que, mediante la ley ómnibus, espera reformar o disolver.
La normativa, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados este martes, además de proponer la eliminación o reformulación de áreas, contempla la modificación de la denominada Ley Marco de Regulación del Empleo Público, piedra angular de la regulación de las contrataciones con carácter permanente del Estado Nacional. El objetivo del gobierno libertario es poner en marcha un nuevo régimen de estabilidad.
Según cálculos que realizó el diario económico 'Ámbito Financiero', de aprobarse la ley Bases, "la nueva regulación dejaría en la mira del Gobierno a un total de 125.000 empleados que actualmente cuentan con estabilidad plena porque están bajo el amparo de la ley Marco y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".
Esto es porque el proyecto señala en el artículo 52 del Capítulo IV la modificación del artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 (Ley Marco) por la siguiente redacción:
Durante ese período, los empleados deberán recibir la capacitación que se les imparta o cumplir tareas en servicios tercerizados del Estado. " Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional", señala la normativa.
En este marco, los contratos ya estarían siendo revisados en el marco de la auditoría que el Gobierno lleva adelante desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Y apuntan que "cada área va a evaluar la continuidad de sus empleados". Sin embargo, aseguran que aquellos que "tengan responsabilidades o cumplan tareas seguirán trabajando".
En el caso de que el empleado sea despedido, estará habilitado a percibir una indemnización por sus años de trabajo, la cual contemplará un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.
"El Gobierno presenta una reforma bajo el título de modernización laboral y la misma configura un enorme retroceso. Es absolutamente regresiva en materia de derechos laborales", dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al advertir sobre el impacto de la sanción de la ley Bases en el empleo público, y afirmó:
La modificación de la Ley Marco es complementaria de la aplicación, en caso de aprobarse, del artículo 3 de la ley Bases que faculta al Poder Ejecutivo nacional a modificar, eliminar competencias o funciones, reorganizar, transformar la estructura jurídica, disolver parcial o totalmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otros puntos.
La normativa excluyó del universo de organismos afectados por el artículo a "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan".
En el caso de otros organismos como el CONICET, la ANMAT, el INCAA, el INCUCAI y la CNV, se dispuso que no podrán ser disueltos, por lo que el Gobierno quedará habilitado para reorganizarlos, modificarlos o eliminar competencias.
Lo mismo ocurrirá con el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
De esta manera, la aprobación de la ley Bases habilitaría al Gobierno a disponer la continuidad o el despido de un universo de 125.000 empleados de planta permanente que se encuentren realizando tareas en dichas dependencias y en otras áreas del Estado. En paralelo, continuarán en revisión los más de 55.000 contratos de empleados de planta transitoria, un grupo que se ha visto afectado desde el inicio de la gestión de Javier Milei con cerca de 13.000 despidos.
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