A puro tarifazo se convirtieron así en las grandes ganadoras de la era Macri. Luego llegó Alberto Fernández, y dispuso un congelamiento de tarifas.
Y pronto llegó la pandemia de Covid-19 y la parálisis económica derivada del aislamiento preventivo. "Un cóctel explosivo", según las compañías del sector.
El resultado, por citar un ejemplo, fue una pérdida de $121 millones frente a la ganancia de $847 millones en el primer trimestre del año pasado, en el caso de Edesur. "El congelamiento tarifario ha quitado recursos destinados a inversiones de calidad en algunos barrios, que no han podido beneficiarse plenamente de la mejora del servicio eléctrico", afirmaron desde la compañía.
Con tarifas congeladas y sin posibilidad de cortar el servicios, tal como lo dispuso el Gobierno de Alberto Fernández, las compañías se las ingeniaron para llegar a los hogares con fuertes aumentos.
Ocurrió con la luz pero también con el gas. Desde el mes pasado comenzaron a llegar facturas con montos y consumos llamativamente superiores a los del mes anterior. La excusa fue que por la pandemia no se pudo realizar un registro presencial de los medidores, por lo que se tomaron consumos de años anteriores y con ellos se hizo una estimación.
Frente a las quejas de clientes residenciales, industria y comercio por facturas de Edenor, Edesur, Metrogas y Litoral Gas, que facturaron montos que no se correspondían con lo que se venía pagando, la semana pasada se dispuso que "se aplique el menor consumo registrado en los últimos tres años previo a la emisión de la factura correspondiente al mismo periodo estimado, hasta tanto se cuente con lecturas reales de los medidores de facturación".
El ENRE sostuvo que "la medida tiene como objetivo brindar certeza ante los problemas generados por errores de facturación". El Ente Nacional Regulador del gas (Enargas) decidió una medida similar con las nueve distribuidoras de gas natural que operan en el país.
"Detectamos muchos casos con estimaciones que no guardan relación con el consumo real”, señaló el interventor del organismo, Federico Bernal. "Hemos adoptado una medida que incluye el reintegro a los usuarios allí donde se haya producido la sobrefacturación", explicó, en referencia a la resolución 25/2020 del último miércoles que ordena a las distribuidoras habilitar "aplicaciones, entornos web y otras herramientas informáticas" para que los clientes pueden remitirles, bajo declaración jurada, la lectura correcta del medidor. "No podemos permitir que en esta situación tan difícil encima tengamos casos de usuarios y usuarias que reciben facturas con importes que no se ajustan al consumo real", insistió Bernal.
La resolución se tomó a partir de denuncias de numerosas pymes que paralizaron la actividad por el aislamiento social preventivo y obligatorio pero que, insólitamente, empezaron a recibir facturas como si estuvieran trabajando a su máxima capacidad. "Son muchos los usuarios no residenciales cuya producción es cero y su consumo fue estimado en base a datos históricos, en un proceso productivo normal, sin limitaciones como consecuencia de la pandemia", advirtió Bernal.
Sin embargo, siempre queda algún "hueco" donde aplicar aumentos. Ya sea por las fechas de facturación, así como por otros servicios que brindan algunas compañías como por ejemplo las de luz. Así sucede en el caso de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, en cuya factura se adjunta el servicio de sepelios, de saneamiento en el caso de los que tienen cloacas, el sistema Municipal de Bomberos Voluntarios, entre otros, que alcanzan hasta un 45% del valor de la factura total y en donde se suelen registrar los mayores aumentos.
O como ocurre en algunas compañías de telefonía fija como la exTeléfonica, hoy Movistar, que presta el servicio de internet de Speedy, donde se registraron fuertes recargos con servicios deficientes en medio de la pandemia.
Siguiendo con el caso de Bariloche, allí varios usuarios quedaron sin posibilidad de navegación por el lapso de al menos 4 días durante la semana del feriado del 1 de mayo, por un problema en la central de Buenos Aires, que afectó a determinados números de toda la provincia de Río Negro, y así y todo, la factura está llegando estos días con importes superiores a los de los vencimientos de marzo y abril.
El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, dijo la semana pasada que están trabajando con las empresas de telecomunicaciones para que durante la pandemia no haya ningún tipo de aumento en los servicios de telefonía celular, Internet y de TV por cable o satelital.
Ambrosini hizo estas declaraciones durante una videoconferencia que tuvo con las principales cámaras de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, quienes plantearon la necesidad de establecer normas de excepción que contemplen la situación de económica de gran parte de la ciudadanía producto de la cuarentena vigente por el coronavirus.
"Estamos trabajando sobre un acuerdo para que durante la pandemia no hay ningún tipo de aumento, esa es la meta que tiene Enacom y que venimos articulando con las telcos (empresas de telecomunicaciones) para dar una certeza absoluta respecto al tema y que la tarea realizada no haya sido en vano. Nos comprometemos a dar una respuesta sobre el acuerdo con las telefónicas para que todos los actores involucrados estén al tanto de los avances", afirmó Ambrosini.
En tanto, en el ámbito legislativo, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, presentó en los últimos días un proyecto para que quede suspendida cualquier modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1º de marzo y durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el Decreto 297/2020.
"Consideramos especialmente que, en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19 y ante la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia", señala en sus considerandos la iniciativa que cuenta con la adhesión de otros 49 diputados del oficialismo.
Según fuentes de Telecom del diario 'La Nación', el proyecto de ley los tomó "por sorpresa" porque no fueron consultados y además la autoridad de aplicación para ellos es el Enacom, entidad con la que "están en permanente contacto" y con la que vienen coordinando la implementación de las acciones de su empresa en el marco de la pandemia.
"Telecom no aumentó sus precios desde que se declaró la cuarentena, cuyos efectos económicos adversos también nos impactaron. Sería sumamente inconveniente para la salud económica y financiera de la empresa que se aprobara una ley como la que se propone. Las empresas Tic son de capital intensivo y requieren de inversiones permanentes para mantener la calidad del servicio, y fue gracias a esas inversiones que las redes pudieron soportar sin colapsar el inédito aumento de tráfico ocurrido desde el inicio de la cuarentena", explicaron.
Desde Telefónica Movistar opinaron en el mismo sentido. "Sería un error tomar de manera liviana una situación tan delicada y compleja como los precios, ya que se debe contemplar que la industria de las telecomunicaciones es de capital intensivo y esa inversión se ha puesto de manifiesto en el funcionamiento de las redes, en un contexto de pandemia que exige alta demanda por parte de los clientes".
Por otro parte, destacaron que, acatando la decisión de la autoridad, los precios de los clientes que utilizan la modalidad "prepago" mantienen los valores de diciembre de 2019.
No ocurre así con el servicio de Internet que presta la compañía a los hogares.
Aquí el ejemplo mencionado:
Si bien el importe de telefonía fija se mantuvo sin variaciones, el servicio de Internet pasó de $1.664 a $2.047, esto es un aumento del 23%.
Incluso los propietarios de locales están haciendo hoy un esfuerzo en medio de las complicaciones económicas por el aislamiento al aceptar quitas de hasta 50% en el pago de alquileres, en algunos casos se acordó no pagar el mes de abril, y en otros que se pague solo expensas y gastos.
La situación es grave para todos. Pero, ¿qué esfuerzo hacen estas grandes empresas que prestan servicios básicos para la población?
¿Hace falta recordar que los servicios públicos son un derecho? El Gobierno no debe llegar tarde para corregir estas deficiencias.