
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El director de Ecolatina es Marco Lavagna, quien no solamente es hijo del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, sino que también fue su secretario privado durante la renegociación de la deuda pública externa. Se trata de un conocedor de primera mano de la ingeniería desarrollada para el tratamiento de la deuda y una voz autorizada que en el último informe de la consultora propone una posible salida al conflicto con los acreedores que no aceptaron el canje de deuda implementado por el gobierno.
Para Ecolatina, " Argentina debería ver al fallo como una gran oportunidad para resolver definitivamente el default: para ello, debe lograr encaminar correctamente todos los elementos que tiene a su favor".
Según la consultora, el fallo revela "cierto cansancio de los tribunales americanos por la dilación que ha mostrado el Estado argentino para terminar de regularizar la deuda en default".
En ese marco, la firma fundada por Roberto Lavagna analizó las alternativas que se abren para el gobierno argentino tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York a favor de los llamados "holdouts".
El tribunal ratificó el fallo en primera instancia del juez Thomas Griesa en contra de la Argentina en el litigio con uno de los denominados "fondos buitres", y alegó el país incumplió la cláusula de Pari-Passu (igual tratamiento) entre tenedores de bonos que ingresaron al canje y los acreedores que no acepataron esa reestructuración.
El fallo dictamina que el país deberá "prorratear" entre todos los acreedores los pagos de bonos bajo Ley New York.
Para Ecolatina, entre las opciones para el gobierno argentino, figura, en primer lugar, seguir apelando hasta llegar a la Corte Suprema, aunque advirtió que "con dos fallos en contra y argumentos de defensa desgastados el país se expondría a quedarse en la misma situación sin instancias legales por delante".
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Así lo explica el informe al que tuvo acceso Urgente24:
- El fallo de la Cámara de Apelaciones amplía la interpretación del Pari-Passu, al establecer igualdad entre todos los acreedores. En el mismo se dictamina que el país deberá “prorratear” entre todos los tenedores los pagos de bonos bajo Ley New York. No obstante, los pagos de diciembre de 2012 no correrían peligro ya que la fórmula de prorrateo debe ser explicitada en los próximos meses, y podría ser apelada.
- A los mercados les preocupa el efecto en la legislación Nueva York: si la Justicia americana ordena no pagar la totalidad a los bonistas “reestructurados”, se estarían embargando activos privados. Otra implicancia negativa es sobre los incentivos a entrar en futuras reestructuraciones. Más allá de esto, habrá que esperar la fórmula que dictamine el juez Griesa. Ante este complejo panorama, la Argentina tiene por delante diferentes caminos:
- En primer lugar, el país puede seguir apelando hasta llegar a la Corte Suprema. Pero con dos fallos en contra y argumentos de defensa desgastados el país se expondría a quedarse en la misma situación sin instancias legales por delante. Optar por pagarle a los holdouts para que retiren la demanda está descartado, ya que el Gobierno no negociará con fondos “buitre” y todos los que entraron en los canjes anteriores podrían iniciar acciones legales si lo hiciera.
- Otra opción sería cambiar la legislación de los bonos para cambiar la sede del pago. Esto evitaría embargos pero los títulos entrarían en default técnico, elevando el costo de financiamiento del país sin resolver la cuestión de fondo. Derogar la Ley Cerrojo y reabrir el canje tampoco es la solución por sí solo, ya que los fondos “buitre” no quieren canjear sino cobrar el 100%.
- La Argentina debe ver a este fallo como una oportunidad para cerrar definitivamente el capítulo del default. Para ello, deberá lograr que el juez Griesa establezca que el Pari-Passu sea de tal forma que todos los acreedores cobren como en el canje de 2005 (con quita de 66,7% en el capital).
- Como los “buitres” no lo aceptarán, se podría proponer que los holdouts se anoten voluntariamente hasta un determinado nivel de aceptación, y pasado ese nivel los que no entraron pierden derecho a litigar. El mecanismo debería estar legislado localmente (pasado ese nivel cae la Ley Cerrojo) y se debería buscar el apoyo del Gobierno de Estados Unidos. No sería imposible ya que hay interés en el aporte sistémico de esta solución. Para la Argentina, sería la oportunidad de cerrar definitivamente el default de 2001.