Juego & Política: ¿Y dónde está Daniel Amoroso?

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Ya es conocido para los lectores de Urgente24 que Mauricio Macri mantiene un discurso muy contradictorio -por utilizar un término light- acerca de la invasión de Lotería Nacional a la actividad de juegos de azar en la metropólis. Si la culpa es la amistad entre el amigo de Macri, José Torello, y el socio-gerente de Cristóbal López, Federico de Achával, es una cuestión irrelevante. Lo concreto es que afecta la credibilidad de PRO y de Macri. Urgente24 lo observó hace casi 1 año, cuando la mediática Gabriela Michetti no pudo responder, ante las cámaras de TV, los cuestionamientos que al respecto le dirigió Elisa Carrió. Resulta muy inexplicable que, a la vez, el líder sindical de los trabajadores de juegos de azar porteños sea un diputado de la Ciudad por Macri, Daniel Amoroso. Si bien la relación entre Amoroso y Torello es fluctuante, luego irrumpe en escena el otro amigo de Macri, el constructor Caputo, que 'hace entrar en razones' a Amoroso acerca de la necesidad de una 'disciplina partidaria'. Pero ante la opinión pública -donde se encuentran los electores de 'Gucci' Amoroso (¿o es 'Prada' Amoroso?)- la situación es difícil de explicar en términos de jurisdicción administrativa, de recaudación impositiva y autonomía institucional. La política que sigue Macri se asemeja tanto a la de Aníbal Ibarra que resulta sospechosa. En definitiva, Macri no debe olvidar que no fue el incendio en República Cromañón lo que derribó a Ibarra sino su incapacidad para gestionar y su cobardía para defender su gestión. Carlos Pagni, un periodista que sigue con insistencia el negocio del juego de azar, se explayó acerca del vínculo Macri-Casino Club, en una nota que publicó el diario La Nación: "Incomparable éxito político de Néstor Kirchner. Es posible que antes de fin de año convalide el que, acaso, haya sido su más escandaloso decreto: el que firmó el 5 de diciembre de 2007, pocos días antes de dejar el poder, para que su amigo Cristóbal López pudiera agregar 1500 máquinas tragamonedas a las 3000 que ya explotaba en el casino de Palermo. Como la concesión del hipódromo vencía en 2017, el decreto la prorrogó hasta 2032. El entonces Presidente sabía lo que hacía. Por eso la norma salió publicada, con su firma, la de su hermana Alicia y la de Alberto Fernández, un feriado: el 31 de diciembre. Al cabo de un año, Kirchner encontró al aliado que consolide esa medida desde el punto de vista legal. No es su dócil esposa, que acaso nunca hubiera ido tan lejos con una concesión. El responsable de proveer un blindaje jurídico a aquel regalo navideño para López es Mauricio Macri. El jefe de Gobierno envió el viernes (12/12) a la Legislatura porteña un convenio suscripto entre el presidente de Lotería Nacional, Roberto López, y el presidente del Instituto de Juegos de Apuestas de la ciudad, Néstor García Lira, que en su cláusula 8va. establece que ambos organismos "se obligan a respetar los términos y condiciones de las concesiones y permisos que amparen a los juegos existentes a la fecha, con sus ampliaciones y prórrogas?" El párrafo se completa con un compromiso insólito: "y de aquellos [concesiones y permisos] que se autoricen a partir de la suscripción de la presente". El proyecto lleva la firma de Macri. Fue imposible que durante su viaje a Italia lo suscribiera Gabriela Michetti. Ella se negó después de un par de invitaciones, lo que abre una incógnita sobre el voto de los legisladores que la siguen. El texto a favor de Kirchner y López fue negociado por el propio empresario y su socio, Federico Achával, concesionario del hipódromo. Por el gobierno porteño intervinieron dos íntimos amigos de Macri: Nicolás Caputo y José Torello. El folklore que rodea a esta mesa de enlace es muy frondoso. Fuentes relacionadas con sus cuatro integrantes aseguran que las empresas de López en la ciudad -el casino de Palermo y los 2 barcos de la Costanera Sur-fueron, el año pasado, generosos mecenas de la campaña electoral de Pro. Entre las versiones que se oyen en la Legislatura porteña hay una que afirma que, gracias a la cordialidad reinante, López le pudo comprar a Caputo un departamento en Puerto Madero. El gobierno porteño defenderá el contrato con la Lotería por su cláusula 3ra.: la ciudad no percibirá a partir de ahora el 24 sino el 50% de los fondos provenientes de las utilidades del negocio de apuestas. Pero es casi imposible conocer ese monto, ya que, según todos los expertos consultados, las tragamonedas del Hipódromo y de los barcos de López no están conectadas a un sistema online de Lotería ni del Instituto. Es decir: el Estado carecería de información fehaciente sobre el volumen del juego en la ciudad. Por eso hay tantas especulaciones acerca de que esa actividad podría generar grandes caudales de dinero negro. Si fuera así, la ley de blanqueo que los Kirchner enviaron al Congreso ofrece una excelente oportunidad para normalizar su contabilidad. El acuerdo Kirchner-Macri es, en rigor, una adenda a la que suscribieron la Lotería y el Instituto en 2003, durante la administración de Aníbal Ibarra. En ese convenio original la ciudad admitió compartir con la Nación la jurisdicción sobre el juego en el distrito. Ibarra desistió de seguir reclamando a la Justicia la exclusividad del control, una reivindicación autonómica que había llegado a la Corte con dictamen favorable del procurador general de la Nación. Macri profundizó la orientación de Ibarra. En su mensaje a la Legislatura, afirmó que aquella pretensión de la ciudad es sólo programática y debería ser el resultado de un acuerdo, no de un pleito. Por si alguna vez ese criterio desaparece, López se garantizó, en su cláusula 8va., que las concesiones ya realizadas seguirían vigentes. El amigo de Kirchner reducirá, gracias a Macri, la precariedad legal de la concesión que le otorgó, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el titular de Lotería, Carlos Gallo. Después de presidir el Instituto porteño con Jorge Telerman -a propuesta de Carlos Zannini-, Gallo es hoy la eminencia gris de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. El juego es, en la Argentina, una política de Estado. (...)".