Macri, en una encrucijada: ¿Se enfrentará a Clarín o cumplirá la ley?

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Mauricio Macri tiene 10 días para tomar una importante decisión: obligar al grupo Clarín a invertir y permitir el ingreso de nuevos actores al mercado, o seguir el camino de sus antecesores (agachar la cabeza y complacerlo). Los tres jefes de Gobierno que precedieron a Macri -Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman- impulsaron normas que liberaron al grupo multimedios de invertir más de US$300 millones, suma necesaria para soterrar el tendido de coaxil de sus servicios de televisión por cable, y reemplazar los ilegales postes de madera por otros de metal. Y no sólo eso: también le perdonaron millonarias multas originadas por haber incumplido con esa obligación. La gestión de Telerman impulsó una ley que le garantizó a Clarín la continuidad del oligopolio de la explotación del servicio de TV por cable en la ciudad. La justicia local volteó esa norma, y ahora Macri tiene hasta el 8 de mayo para tomar una decisión. Según informa el diario Crítica de la Argentina, apenas Macri fue elegido como jefe de Gobierno se reunió con Jorge Rendo, el director de relaciones externas de Clarín, quien le expresó la preocupación del monopolio por un pedido de declaración de inconstitucionalidad que avanzaba en la justicia local sobre una ley que la Legislatura les había concedido en 2005 para aplazarle la obligación de realizar la millonaria inversión. Esa misma norma restringía la posibilidad de que de ingresaran nuevos competidores en un mercado copado por Multicanal y Cablevisión, las dos operadoras de Clarín. Obviamente, el vocero del grupo le pidió a Macri que mantuviera la postura que hasta ese momento había tenido la gestión de Telerman: apelar cualquier resolución judicial que contradijera los intereses corporativos. La presentación judicial que preocupa a Clarín fue impulsada por Gigacable, un operador de telefonía y TV por cable e internet con negocios en varias ciudades del interior. Según fuentes del mercado, el multimillonario Carlos Slim ya firmó una opción de compra de esa empresa que se haría efectiva sólo si Gigacable consigue los permisos necesarios para proveer el servicio de TV en la Capital Federal. Gigacable protestó contra la ley 1.877, que estableció beneficios y ventajas para los "tres prestadores más antiguos" del mercado local: Multicanal, Cablevisión y Telecentro (del ex presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri). Dicho proyecto fue redactado por Aníbal Ibarra (con lo que consiguió un trato preferencial de Clarín durante el juicio político que terminó con su destitución). y obliga a las empresas que quieran ingresar al mercado a instalar su tendido de cables bajo tierra, mientras que a los "operadores antiguos" les otorga hasta veinte años para reemplazar sus postes. Y hay un dato no menor: una cuadra de cableado aéreo cuesta casi ocho veces menos que el tendido bajo tierra, y realizar la obra completa representa más de US$300 millones. Para lograr la sanción de esa norma, el 1º de diciembre de 2005, además del ibarrismo, Clarín se valió del bloque kirchnerista (incluyendo a Claudio Ferreño, actual número tres de Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete) y de un sector del macrismo: Santiago de Estrada, Marcelo Godoy (actual presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura), Álvaro González, Silvia Majdalani, Mario Morando, Dora Mouzo y Diego Santilli, hoy principal autoridad del cuerpo. Pero hubo una parte del macrismo que votó en contra, el legislador Martín Borrelli y la ahora vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, entre otros. El macrismo está dividido. El 11 de diciembre del año pasado, después de un año y medio de batalla judicial, y de tres fallos adversos para Clarín, que fueron apelados por el gobierno de Telerman, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad le dio la razón a Gigacable y determinó que la norma vigente viola el principio de igualdad ante la ley. Rendo volvió a llamar a Macri e insistió con su pedido, pero el jefe de Gobierno porteño dijo que no, y dejó vencer el plazo para apelar, por lo cual el fallo quedó firme. Como se trata de una "declaración de inconstitucionalidad", el expediente regresó a la Legislatura, que debe resolver, nuevamente, qué hacer con la regulación de la instalación de redes de TV por cable. El plazo para tomar una decisión vence el próximo 13 de mayo, pero deberá expedirse el 8, para cuando está prevista la última sesión legislativa previa al vencimiento. Según Crítica, el viernes pasado Macri dedicó una reunión reservada con la vicejefa y dos se sus ministros para hablar sobre este tema. "No voy a ser yo el que le garantice el monopolio a Clarín. Hoy les hacés un favor y mañana van a pedir otro. No voy a contradecir a la Justicia", sentenció el jefe de Gobierno, según manifestó un hombre cercano al líder del PRO. Pero dentro del oficialismo porteño, hay un sector de aliados justicialistas -integrado por Santilli, Cristian Ritondo y Oscar Moscarielo- que creen que deberían aprovechar la pelea entre el gobierno nacional y Clarín para buscar su propio pacto de convivencia. "Lo racional es buscar un punto medio. Mauricio no puede enemistarse con el grupo porque enterraría sus planes políticos futuros", evaluó un referente del PRO. "Yo creo que va a haber acuerdo. Mauricio no es tonto", afirmó.