Telefónica y Telecom subestiman, otra vez, al consumidor y su inteligencia

Enrique Carrier estuvo de acuerdo en que la telefonía es un símbolo de los años del menemismo: su privatización, el proceso de inversión, la mejora del servicio pero, a la vez, su encarecimiento relativo y la reiterada postergación de la desregulación, marcaron los '90 en las telecomunicaciones locales. Las compañías más importantes, las que gozaron de reserva de mercado que les aseguraron utilidades importantes y endeudamientos fuera de toda relación técnica, tienen problemas: Telecom Argentina está intervenida por sus dos accionistas controlantes, vía Nortel: France Telecom y Telecom Italia, que le trasladan su propia cultura de ministerio público, empresas burocráticas y que en sus respectivos países sobreviven porque la desregulación es muy incipiente. En Telecom Argentina no hay definiciones sobre su futuro, se promete para abril un rescate de deuda, y está inmovilizada. En cuanto a Telefónica, se encuentra mucho mejor, pero la situación tarifaria y la realidad de que en esta Argentina nadie invierte mucho le ha permitido dedicarse a expulsar personal y sanear finanzas, tarea en la que demostró su eficiencia el ex tesorero de JP Morgan, Miguel Gutiérrez (ex jefe de Alfonso de Prat Gay, hoy titular del Banco Central). Gutiérrez es el responsable de Telefónica en el país. Ambas compañías tienen la ventaja de que el esfuerzo de Movicom BellSouth por competir en la telefonía fija residencial a través de sus sistemas inalámbricos, aún es mínimo; nadie quiere cargarse de morosos en estos tiempos. En el caso de la telefonía pública, la tendencia son los locutorios, a través del sistema franquicias. Telefónica, Telecom (aunque las líneas telefónicas de muchos de los locutorios con esa marca, son de Telefónica) y nuevas compañías como iPlan, se han extendido, desplazando el interés en los teléfonos públicos a moneda o a tarjeta. Pero, entonces, ¿para que dejarlos mudos? Debería intervenir la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador designado por el Estado Nacional. Pero la CNT/CNC nunca está en los grandes temas de los consumidores, lo suyo sólo es burocracia y una masa salarial para funcionarios políticos y planta permanente que se aburre día a día. Nunca la CNT/CNC veló por los intereses de los consumidores y hasta la famosa denuncia de que Telefónica y Telecom se quedaban con el vuelto de la telefonía pública, fue realizada por entidades privadas. El Estado ausente en los días del menemismo, profundizado durante el delarruísmo y no revertido por el duhaldismo, pese a su discurso barato, provoca un enojo creciente en la población. En el caso de los teléfonos públicos, sólo en el centro porteño el 42% de los teléfonos públicos no funciona, según el Centro de Educación al Consumidor y la entidad Defensa de Usuarios y Consumidores, que inspeccionaron 357 teléfonos en las veredas de la capital federal: 205 aparatos funcionaban y 152 no. El sondeo se realizó entre los días 11 y 14 de marzo en el perímetro comprendido por avenida Callao, Reconquista, Avenida de Mayo y avenida Córdoba. Los inconvenientes más frecuentes fueron: ** Aparatos que retienen las monedas sin que se pueda establecer la comunicación. ** Teléfonos que hacen una lectura errónea del valor de las monedas. ** Aparatos que reducen la cantidad de pulsos que debería durar la llamada, según el valor que se introdujo. Inevitablemente es un problema de mantenimiento y ocasiona serios inconvenientes al usuario. Las empresas -igual que los concesionarios ferroviarios- adjudican el deterioro de los teléfonos al vandalismo. La disminución del control social es parte del deterioro de la Argentina; en todo caso, habría que estipular sanciones más graves, no carcelarias pero sí sobre el patrimonio o sobre la realización de trabajos comunitarios estrictos, a quienes cometen alguna forma de violencia contra el bien común. Pero, a la vez, no se puede permitir que Telefónica y Telecom realicen sus vulgares descargos que reproduce hoy el diario Clarín. En todo caso habría que realizar un acuerdo con la propia Policía Federal para, probablemente, utilizar las cabinas telefónicas como punto de referencia de los agentes de calle, o algo similar. Considerando que muchos delincuentes tienden a utilizar la red de telefonía pública para sus negocios, sería una forma de dificultarles las comunicaciones, además. Resultan cuestiones elementales, que no escapan a los usuarios, ¿cómo, entonces, sí se les escapa a las autoridades y a las empresas? Otra variante sería quitarles a Telefónica y Telecom el servicio de telefonía, ya que no pueden controlarlo por el vandalismo y licitarlos en favor de compañías que garanticen un mejor servicio, o sea que garanticen que pueden reprimir el vandalismo. Según los últimos datos del INDEC, la cantidad de teléfonos públicos instalados hasta enero del 2003, era de 137.672. Mientras que, el año anterior, eran 157.400. ¿Telefónica y Telecom insistirán en creer que los consumidores son imbéciles?