USA: Mano muy pesada con los ilegales arrestados

Eran las 5:00 del martes 10 de diciembre, cuando una docena de efectivos del Bureau Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) golpearon la puerta de la residencia de la familia Rodríguez al sur de la calle Kedzie. "Nadie les dio permiso para entrar. Tocaron a la puerta y un hermano que había aquí les abrió al oír que se identificaban como policía", dijo Irene Rodríguez, quien afirmó que nunca le mostraron una orden de arresto contra su marido, Martín, de 32 años de edad. "Inmediatamente entraron y se dedicaron a buscar por toda la casa. En unos segundos mi casa estaba invadida de gente uniformada. Me despertaron con la luz de la linterna en la cara. Uno de los oficiales que hablaba español sólo repetía ‘¿dónde está Martín?’, ‘¿dónde está Martín?’, sin explicarme por qué lo buscaban", relató. Martín Rodríguez, para las autoridades federales conocido como caso 02CR1184, es uno de 25 trabajadores aeroportuarios acusados por el FBI de cargos criminales. Rodríguez, empleado de Flying Food, una compañía que vende comidas preparadas a las líneas aéreas, era buscado por usar un número falso de Seguro Social. Rodríguez es también uno del total de 32 mexicanos detenidos entre 10 y 11 de diciembre en las operaciones Pista de Aterrizaje y Cielos de Chicago, llevadas a cabo por agentes del FBI, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), la Administración del Seguro Social y la Administración de Seguridad en el Transporte. El operativo fue resultado de una investigación federal dirigida a reforzar la seguridad en los aeropuertos de O’Hare y Midway, medida obligada para varias agencias federales tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Casi 85.000 expedientes de trabajadores de ambos aeropuertos fueron revisados, tras de que el mes pasado la Administración de Seguridad en el Transporte ordenase investigar los antecedentes de todos los empleados, sin importar su nivel de acceso a zonas restringidas de las terminales. Pero para la comunidad latina de Chicago, las dos operaciones han creado una conmoción, al equiparar a trabajadores indocumentados con terroristas y revivir imágenes de las redadas migratorias de hace unos años. # El ‘infierno’ de Broadview Medio dormida aún y muy asustada, Irene Rodríguez les dijo a los oficiales que su esposo estaba ya camino a su trabajo en O’Hare. En cuestión de horas, Martín Rodríguez fue trasladado al centro de detención de Broadview. Después de tres días encerrado, su familia consiguió reunir US$ 9.000 para pagar la fianza determinada por un juez federal. "Acabo de salir del infierno. Allí [Broadview] había personas que llevaban seis meses encerrados porque el juez no podía ver su caso y yo me preguntaba cuánto tiempo me dejarían a mí. Aunque el peor temor era el de que arrestaran también a mi esposa y se llevaran a mis hijas", contó. Rodríguez, originario de Guerrero, México, es la única fuente de sustento para su esposa y sus cuatro hijas de 12, 7, 4 y 2 años, todas ellas nacidas en USA. Irene, además, está embarazada de cuatro meses. "Ahora, la verdad, ni siquiera tengo tiempo de pensar en los cargos o en las consecuencias. De momento mi prioridad es encontrar trabajo en lo que sea, aunque por supuesto no dentro del aeropuerto", declaró. "Equiparar a un inmigrante indocumentado con un terrorista es un salto enorme", dijo Ricardo Muñoz, concejal del Distrito 22 de Chicago, y uno de los políticos latinos que ha reaccionado con alarma a los arrestos, además de cuestionar que la operación haya resultado en una mejora en la seguridad de las dos terminales aéreas de la ciudad. De esa opinión se han hecho eco organizaciones como la Coalición de Illinois para Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés). "¿Realmente estamos más seguros ahora que antes? ¿Realmente tiene sentido para el gobierno federal, actualmente inmiscuido en una guerra contra el terrorismo, utilizar todo su peso contra trabajadores inmigrantes, que enfrentan penas de hasta cinco años en prisión?", se preguntó Joshua Hoyt, director ejecutivo de ICIRR. # Uno deportado, otros presos Las operaciones de seguridad no han concluido. De Pista de Aterrizaje aún quedan tres prófugos, pero de sus 22 detenidos hay sólo dos presos, los mexicanos Jesús Figueroa y José Herrera, acusados de haber reingresado al país ilegalmente, tras haber sufrido una deportación previa, confirmó Randall Samborn, portavoz de la Oficina del Procurador General de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. El Consulado General de México, que lleva sus propias cuentas, confirmó que 20 de sus nacionales están libres, algunos de ellos bajo palabra y otros mediante el pago de fianza. El Departamento de Protección consular confirmó, además, que una persona, Alejandro Aguilera Balcaza, ya había sido deportada el viernes 13, tras haber accedido voluntariamente a ese proceso. Trabajadores de otras nueve nacionalidades fueron detenidos en los operativos, pero no todos los consulados fueron notificados. Las autoridades federales han insistido en que los operativos han sido de seguridad, y no políticos. "No estamos persiguiendo a los latinos, no nos hemos enfocado en nacionalidad u origen étnico. Tenemos que aplicar las leyes sin importar la nacionalidad, y [estas personas] obtuvieron su empleo, y el acceso a zonas reservas del aeropuerto, ilegalmente", dijo Samborn. # Debate migratorio Organizaciones que están en contra de inmigrantes indocumentados han aplaudido la acción oficial. "El gobierno se ha enfocado desde el 11 de diciembre en el sector laboral, y en el acceso de personas a zonas reservadas en aeropuertos. Son cuestiones de seguridad, porque en los aeropuertos uno no quiere tener a personas que están trabajando aquí ilegalmente", dijo Steven Camarota, director de investigación del Centro para Estudios de Inmigración, de Washington, D.C. Dave Gorak, director ejecutivo de la Coalición del Medio Oeste para Reducir la Inmigración, con sede en el suburbio de Lombard, dijo al diario Chicago Tribune que los operativos "son un ejemplo de cómo deben aplicarse las leyes. La ley marca que estas redadas deben hacerse en cada sector para limpiarlos de trabajadores ilegales". En cambio, para el senador estatal Miguel del Valle (D-2), esas acciones son señal de la urgencia de una amnistía para millones de trabajadores indocumentados. "Es obvio que con el esfuerzo por aumentar la seguridad en los aeropuertos, y controlar el acceso a los aviones, este proceso de revisar los antecedentes criminales de las personas va a continuar, y estamos sufriendo las consecuencias", afirmó Del Valle. "Tenemos que llevar a estas personas a hablar a los grupos, a las universidades, a las iglesias, que esto salga a la luz para que la gente vea que estas redadas no son efectivas, que no funcionan como medida de seguridad", dijo Juan Salgado, director ejecutivo del Instituto del Progreso Latino, una de una decena de organizaciones comunitarias que han respondido a las medidas con fuertes críticas. # La historia de Elvira El caso de Elvira Arellano, o caso federal 02CR1172, ilustra las consecuencias de la redada. Acusada de usar una identidad falsa, su caso se ha complicado ya que tiene una deportación previa. Aunque inicialmente el juez le impuso una fianza de US$ 4.500, Arellano salió finalmente en libertad bajo palabra. Después de ser detenida durante 12 horas pudo volver a reunirse con su hijo de cuatro años de edad, que es ciudadano estadounidense. La madre soltera de 27 años de edad, originaria del estado de Michoacán, puede ser deportada, según le ha comunicado su abogada. "Venimos aquí persiguiendo un sueño. Cuando la gente llegaba a México bien vestida, bien calzada y hablando de buenas oportunidades de trabajo, quise venir. No me arrepiento aunque ahora lo pierda todo y deba volver a empezar en México", dijo Arellano. Kalman Resnik, abogado del bufete jurídico Gessler Hughes Socol, y que defiende a algunos de los detenidos, ilustró la extrema complejidad del panorama legal dejado por los operativos. "Habrá procesos criminales y procesos migratorios. Algunas personas detenidas por el INS podrán salvarse de la deportación, y otras no, otras inclusive elegirán la deportación voluntaria", dijo. Resnik, quien también representa al consulado mexicano, aseguró que la acción del gobierno federal "fue altamente discriminatoria. En cuanto al INS, éste actuó con una fuerza excesiva. Realmente no era necesario que asustaran a la comunidad de esa manera, con ese despliegue. Esta acción es totalmente contraproducente, porque además la economía de Chicago es muy dependiente de los trabajadores indocumentados". Los Rodríguez, por su parte, no se explican la situación en que se encuentran. "Martín es un buen marido, es un buen padre, su único delito ha sido trabajar para darle de comer a su familia, e intentar vivir en un país de oportunidades. Aportamos nuestro trabajo y pagamos nuestros impuestos, y no le hacemos mal a nadie", dijo Irene. Martín e Irene Rodríguez viven hace 13 años en USA. El abogado que lleva su caso les ha dicho que pasarán de seis meses a un año para que Martín comparezca ante un juez. Rodríguez, que llevaba más de tres años trabajando en el aeropuerto, sabe que "a partir de ahora todo es incertidumbre en mi vida". # ¿Qué hacer si le detiene el INS? Si el INS, o cualquier autoridad, toca a la puerta de su casa, usted tiene derecho a no abrir la puerta hasta que los agentes se hayan identificado, y le hayan mostrado la orden judicial de búsqueda o arresto (search warrant o arrest warrant, por su denominación en inglés). • Si el INS le busca en su trabajo, es probablemente porque tiene información sobre su falta de documentos migratorios, o porque tiene información sobre que usted ha falsificado documentos para conseguir residencia o trabajo. Lo más probable es que el INS le lleve a un centro de detención. • Si usted es detenido por otra autoridad que no sea migratoria (policía, FBI, Departamento del Tesoro, DEA) usted tiene derecho a permanecer callado, y tiene derecho a un abogado. Si usted no puede pagarse un abogado, el estado está obligado a proporcionarle uno gratuito. • Si es llevado a un centro de detención del INS, usted deberá conseguirse su propio abogado. Usted sigue teniendo el derecho a permanecer callado, y también tiene el derecho a exigir una lista de agencias que ofrecen servios legales gratuitos. • El INS le ofrecerá firmar un papel en el cual usted ejerce su derecho a NO ser liberado bajo fianza. Tenga cuidado: si lo firma, usted ha accedido a ser DEPORTADO VOLUNTARIA E INMEDIATAMENTE. • Si no lo firma, el INS le fijará una fianza y si usted o su familia la pueden pagar, quedará libre. Si no la puede pagar, usted tiene derecho a pedir audiencia ante un juez que determinará otro monto. Pero hasta que no la pueda pagar, usted seguirá detenido. • Aún si está usted libre bajo fianza, eso no quiere decir que se hayan acabado los problemas. Usted deberá acudir PUNTUALMENTE a cuanta audiencia y entrevista le haya fijado el INS. Si falla usted a un sola, se ordenará su DEPORTACION. • Si usted fue detenido en su puesto de trabajo, usted tiene derecho a recibir salario y beneficios pendientes hasta que su empresa decida terminar su empleo. # Confusión consular Junto con los 32 mexicanos, también fueron detenidos al menos tres polacos, un ecuatoriano, un colombiano, un boliviano, un guatemalteco, un paquistaní y un filipino en el curso de las operaciones Pista de Aterrizaje y Cielos de Chicago. Debido a la Convención de Viena sobre Notificación Consular, y a acuerdos bilaterales con el INS, los consulados de México y Polonia, que tienen a más de 1,5 millón de ciudadanos en el área de Chicago, fueron notificados inmediatamente sobre sus nacionales detenidos. No así los cónsules de Ecuador, Guatemala, Bolivia y Colombia, que o bien se enteraron porque fueron contactados por allegados de los detenidos, o bien porque leyeron la prensa hispanoparlante. El Departamento de Estado sostiene, en manuales internos, que sólo deben ser notificados de forma inmediata, independientemente de si el detenido lo solicita o no, los consulados de 58 países, incluyendo Polonia, Costa Rica y Filipinas. México fue notificado en virtud de un acuerdo bilateral con las autoridades migratorias. En el caso de nacionales de otros países, sólo si el detenido lo requiere, entonces el gobierno estadounidense se pone en contacto con el consulado correspondiente. "No tengo ningún acceso al detenido, ni nadie nos avisó", dijo Fernando Chávez, cónsul de Ecuador. El ecuatoriano Olguer Peñaloza había sido detenido por falsificar un número de Seguro Social. Peñaloza se había identificado ante el INS como mexicano. En el caso de Harold Boris Barrios Barrios, colombiano detenido por portar una identificación falsa, "nos enteramos porque un amigo suyo nos llamó. El gobierno ni nos avisó", dijo Victoria Eugenia Cárdenas, encargada de detenidos del Consulado de Colombia. "A veces ni nos llaman para avisarnos", se quejó por su lado Jaime R. Escobar, cónsul de Bolivia. # Papeles falsos Martín Rodríguez nunca tuvo que comprar un número de Seguro Social falso. A él se lo dieron aunque no gratis. Cuando llegó a Chicago proveniente de México se enteró que podía conseguir directamente una licencia de conducir en la Secretaría de Estado a cambio de dinero. El precio que Rodríguez pagó fue de US$ 1.200 hace 10 años. "Me pusieron el número de Seguro Social con el que he estado trabajando durante todos estos años", afirmó Martín Rodríguez. Un vocero de la Secretaría de Estado confirmó que la licencia fue expedida por esa dependencia. En las antiguas licencias de manejo aparecía impreso el número de Seguro Social junto con el de la licencia. "No necesité comprar nunca un número de Seguro Social en la calle, me lo asignaron en la Secretaría directamente", dijo. Rodríguez fue uno más de los que consiguieron una licencia a cambio del pago de sobornos al personal de la Secretaría de Estado bajo la administración del actual gobernador saliente, George H. Ryan. El escándalo fue destapado en el año 2000 por una investigación federal. Desde entonces más de 50 personas han sido acusadas o convictas en relación con el escándalo en los últimos dos años. Personas inocentes murieron en accidentes de carretera por culpa de individuos no calificados para manejar un vehículo. Entre las víctimas, seis niños perecieron en un accidente provocado por un camionero que había conseguido su licencia bajo el pago de sobornos. ------------- (*) Publicado en Éxito, semanario en español de Chicago Tribune, de Chicago, Illinos, USA.