Más problemas para Uribe: Ahora lo querellan desde España

Dos ciudadanos colombianos residentes en Madrid han interpuesto  una querella contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y contra dos antiguos dirigentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por supuestas actividades de espionaje contra al menos 20 personas residentes en España, en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía General colombiana por el caso de espionaje telefónico. Desde el entorno de Uribe señalan que todo se trata de una persecusión política.
La querella ha sido interpuesta en la mañana de este martes (26/10) ante un juzgado de instrucción de Madrid (debido a que parte de los delitos denunciados han sido cometidos en la capital española) por dos colombianos cuyos nombres no se han hecho públicos "por motivos de seguridad", según indicó esta mañana en rueda de prensa el abogado y portavoz de la organización no gubernamental Justicia por Colombia, Mauricio Valiente. Los querellados son Álvaro Uribe, en su calidad de ex presidente y "responsable directo" del DAS; el director de este organismo entre 2002 y 2006, Jorge Aurelio Noguera; y uno de sus subdirectores, Germán Villalba, quien estuvo destacado en España. La denuncia se engloba en las investigaciones abiertas en 2009 por la Fiscalía General de Colombia, tras el allanamiento de las oficinas del DAS, sobre las "actividades ilegales" (conocidas popularmente como 'chuzadas') del Grupo Especial de Inteligencia G-3 del Departamento entre 2004 y 2005 contra defensores de Derechos Humanos, magistrados, periodistas y políticos opositores. Estas actividades ilegales se llevaron a cabo "bajo la responsabilidad última de la Presidencia de la República de Colombia, de quien depende directamente el DAS", según consta en la querella. Las investigaciones de la Fiscalía General se han centrado en cuatro dirigentes del DAS y otros 30 miembros de este organismo, algunos de los cuales se encuentran encarcelados, según explicó en la rueda de prensa otro portavoz de Justicia por Colombia, Francisco Pérez. El ámbito de actuación del G-3 no se limitó al territorio colombiano y abarcó varios países europeos. Según los querellantes y según las investigaciones de la Fiscalía, Germán Villalba, actualmente detenido en Colombia, era "el enlace y recibía las instrucciones a desarrollar en Europa".    "En España no se puede espiar", declaró Francisco Pérez. "Pedimos a la Justicia española que investigue porque no podemos tolerar el uso que se ha hecho de nuestro territorio" para estas actividades ilegales, agregó.    La querella se basa en el artículo 197 del Código Penal español, que establece penas de entre uno y cuatro años de cárcel para toda persona que, "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artefactos técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación". Al Tribunal Internacional A su vez, Justicia por Colombia hizo pública la declaración firmada por numerosos activistas y organizaciones sociales en la que se pide el procesamiento de Álvaro Uribe por el Tribunal Penal Internacional (TPI), dada la "sistemática violación de los Derechos Humanos" en Colombia y el alto nivel de impunidad, que afecta "a entre el 96 y el 97 por ciento de los casos", según explicó Francisco Pérez. "Si la justicia no existe en Colombia, habrá que ir a buscarla al TPI", aseveró. La declaración denuncia "los probados vínculos de Uribe Vélez con bandas de paramilitares y de narcotraficantes", así como "su historial que le compromete a lo largo de su carrera política en la realización de numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra organizaciones sociales". También declara que el ex presidente es el "máximo responsable político de asesinatos políticos, detenciones y desapariciones, genocidio, masacres, desplazamiento forzado y torturas, cometidas por las fuerzas militares, en hechos que han dejado sembrada a Colombia de grandes sufrimientos e injusticias, reconocidas por diferentes órganos e informes de la ONU y prestigiosos organismos internacionales de Derechos Humanos". Entre los firmantes figuran el argentino Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz en 1980), el director de cine Javier Corcuera, el actor Willy Toledo, el abogado y experto en Derecho Internacional Enrique Santiago, el periodista José Manuel Martín Medem y las organizaciones ACSUR-Las Segovias, ATTAC-España, la Campaña '¿Quién debe a Quién?', la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista y Paz Ahora. La respuesta de los uribistas El ex presidente Álvaro Uribe Vélez y quien fue su asesor, José Obdulio Gaviria, dieron a conocer ayer su punto de vista sobre el caso. Desde México, donde participa en una serie de encuentros académicos, el ex presidente de colombiano insistió en que jamás tuvo conocimiento ni ordenó ningún tipo de interceptación telefónica ilegal contra magistrados o miembros de la oposición. Esto lo hizo a través de un comunicado de prensa de once puntos que dio a conocer por las redes sociales Twitter y Facebook. Por su parte, el ex asesor presidencial y hoy presidente de la fundación Primero Colombia, en entrevista con EL COLOMBIANO, explicó que el escándalo de las interceptaciones y los seguimientos ilegales es, en su opinión, una persecución política. "En este proceso hay un objetivo, que es el ex presidente Uribe. Y un camino: yo. En esas acusaciones se reúnen todos los enemigos del ex presidente Uribe. Desde los miembros de la Corte que se han enfrentado con él en lo personal y en lo político, los columnistas y las organizaciones que lo han confrontado desde la legalidad o desde la ilegalidad", afirmó Gaviria, después de afirmar que si hubiera conocido alguna situación fuera de la ley la habría denunciado. "Yo estuve totalmente convencido de que mientras hubiese una investigación judicial sin sesgos de odios personales, de persecución personal, no hubiera habido ningún problema ya que he sido una persona total y absolutamente ajena y enemiga de lo ilegal. Yo soy un sapo de cualquier actividad ilegal. Yo soy un cooperante con la autoridad, tanto judicial como de policía. Y nunca nadie pensaría de mí, si me conocen, que me pondría en andanzas de esas características. Yo he sido una persona que he hablado de frente sobre la Corte, sus magistrados y sus crímenes", agregó Gaviria. "A mi me parece que este es el más grande complot político que se ha producido en Colombia en toda su historia. Yo conozco la historia de Colombia y sus anécdotas y no he podido encontrar un episodio peor que éste. Todo el mundo en silencio, asustado y entendiendo que una muchacha iba a grabar conversaciones de magistrados. Por Dios, yo no necesito oír conversaciones de magistrados, me basto oyendo sus declaraciones, conociendo sus sentencias en donde dicen que las Farc actúan por motivos altruistas", dijo el ex asesor presidencial, quien exigió que se conozca la verdad en el proceso. "Yo no me voy a ocultar ni me voy a dejar de asustar, me tienen que envenenar o acallar, pero sé que yo no tengo jueces sino enemigos que se unieron para ejercer contra mí todo tipo de presión. Ahora, si eso ocurrió, que confiese el que lo ordenó, y que digan quien fue y que se arrepientan, pero que no me la metan a mí ni a Álvaro Uribe ni a mis compañeros, que nosotros no tuvimos nada que ver con actuaciones irregulares. Lo que me parece más grave de todo es la cobardía de mis compañeros. Están aterrados, no saben qué hacer, en lugar de salir a hablar. Además, hay grabaciones contra nosotros. Yo debiera estar incluido como víctima. Todo el mundo sabe en Bogotá que yo soy el tipo más chuzado de Colombia", concluyó Gaviria.