La Fiscalía había pedido para Llaitul -líder de la radical Coordinadora Arauco Malleco (CAN)- una pena de 103 años, invocando una severa Ley Antiterrorista que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La normativa, cuya aplicación a indígenas ha sido rechazada por organismos de derechos humanos, triplica las sanciones frente a delitos comunes y permite mantener en prisión preventiva a los acusados por tiempo indefinido, entre otras prerrogativas.
El tribunal informará la condena que deberán cumplir los cuatro indígenas el 22 de marzo. La parte querellante puede pedir la nulidad del fallo.
Los mapuches son una comunidad que en Chile suman unas 700.00 personas (entre los 16 millones de habitantes del país), concentrados en una reducida zona del sur chileno, con niveles de pobreza que doblan al resto de la población.
Los indígenas exigen la devolución de las tierras que pertenecieron a sus antepasados y ahora están en manos privadas, por lo que a menudo ocupan tierras de forma ilegal o incendian predios agrícolas en hechos que han derivado en enfrentamientos con la Policía.
El Estado chileno ha reintegrado a los mapuche unas 650.000 hectáreas y tras una extensa huelga de hambre que protagonizó el año pasado una treintena de indígenas, se modificó parcialmente la Ley Antiterrorista.
Desde entonces quedó prohibido aplicar la normativa a menores de 18 años y se redujeron las penas por el delito de incendio, por el cual están acusados la mayoría de los mapuches.
Se cambió también la definición de delito terrorista, en tanto aumentaron las penas al financiamiento del terrorismo.
Asimismo, se garantizó que la defensa de los acusados pueda contrainterrogar a los testigos protegidos, aunque se mantienen los 'testigos sin rostro', una figura que ha sido crucial para el encausamiento de los indígenas, que acusan montajes de parte de las autoridades.
