Al volver al piso, Tognetti y Lewin destacaron que “las dos personas que participaban de la venta ilegal de restos óseos fueron separados preventivamente del lugar donde ejercían funciones”.
“Dicho contenido es solamente parcial, pues no abarca la totalidad de lo realmente grabado a través de la cámara oculta” explican los camaristas. Sumado a que en la causa penal se determinó que “ante las falencias probatorias, los imputados debían ser sobreseídos ‘porque el hecho investigado no se cometió’”, significó la suerte de la causa en materia civil.
“Si bien no se calificó abiertamente la conducta de los actores como delictiva, claramente se deja entrever que se estaba cometiendo un delito” consignaron los jueces. Por lo que “la divulgación del programa lesionó el honor y dignidad de los involucrados, que no llegaron a ser imputados”.
Los camaristas explicaron que “la libertad de prensa o derecho de prensa radica en el reconocimiento que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin el previo contralor de la autoridad, mas no de la subsiguiente responsabilidad de quien la utiliza para un fin doloso o causar perjuicios por culpa o negligencia, pues nuestra Constitución Nacional no asegura la impunidad de la prensa”.
“Una vez efectuada la publicación su contenido queda sometido a la ley y al control de los jueces competentes”, concluyeron.
Sin embargo, y más allá de confirmar la sentencia de primera instancia, modificaron el monto indemnizatorio y lo redujeron a 5 mil pesos para cada uno de los demandantes.
