La investigación del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo pudo confirmar que Otero le pagaba al ex funcionario los alquileres del lujoso departamento de Libertador y Cerrito donde vive el ex secretario de Transporte cuando se encuentra en Capital.
Además, a través de los miles de correos electrónicos del asesor de Jaime, Manuel Vázquez, que revelan maniobras que incluyen el pedido de aportes electorales y coimas, se supo que Otero contrató a una empresa del hermano de Jaime -Comfear S.A.- para pavimentar algunos tramos de Retiro.
Bajo la resolución 48/2008, la Auditoría concluyó que a Otero le ampliaron la concesión a través de un proceso lleno de irregularidades .
Según dice el informe que cita Clarín, se prescindió de “la celebración de mecanismos de consulta pública y la Autoridad de Aplicación accedió a la solicitud de prórroga del contrato sin ponderar la conducta de concesionario”. Además encontraron que en el cálculo de multas pendientes por incumplimientos en el contrato se omitió considerar las penalidades .
Por otra parte, en el rubro ferroviario, la AGN controló los subsidios otorgados por Transporte a los concesionarios para la ejecución de obras. Uno de los mayores escándalos derivados de los mails de Vázquez es el proceso de compra de trenes a España y Portugal. Se trataba de acuerdos entre Estado y Estado que, del lado argentino, eran coordinados personalmente por el asesor de Jaime. En los mails de ida y vuelta con Madrid se habla de pagos de “costes políticos” y hasta se detallan los conceptos a facturarse para “esconder” estas comisiones.
En los correos también se describen las visitas oficiales de Jaime a España acompañado de los principales concesionarios como es el caso de Claudio Cirigliano, dueño de Cometrans quien, según escribió el socio de Vázquez en un mail, “es un chulo insoportable que da por hecho que las reparaciones las van a hacer ellos”.
Una vez en Argentina, la compra de ese material ferroviario fue motivo de otras polémicas porque debían ser refaccionados en el país para poder funcionar. El negocio fue, efectivamente, entregado a los concesionarios. En ese contexto, la AGN estudió la obra de reconstrucción y remodelación de 67 coches eléctricos. En la resolución 206 del 2009, los auditores concluyeron que se realizaron “adjudicaciones directas a los concesionarios, autorizándose simultáneamente la subcontratación de los trabajos por parte de éstos”.
Así, encontraron que se había transgredido una resolución de la propia Secretaría de Transporte que dispone que en todos los casos el prestador realizará las contrataciones conforme los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y competencia de precios, con arreglo a las disposiciones de ese procedimiento.
El listado de irregularidades detectadas por la AGN abarca también la gestión como el Sistema de Protección Integral de Discapacitados. A pesar de que la ley así lo ordena, los colectivos incumplieron los planes de adaptación a las personas en sillas de ruedas y los trenes ni siquiera empezaron a un proceso de adaptación.
