En un principio, 6 ministros estén de acuerdo con la AMB: el presidente Cezar Peluso, el ponente Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello y José Antonio Toffoli.
A favor de mantener los poderes de la CNJ estarían Carlos Ayres Britto y Gilmar Mendes. Joaquim Barbosa está de acuerdo con la última tesis, pero no podía participar de la sesión por razones de salud.
La opinión de Cármen Lúcia sigue siendo un misterio.
¿Perderá el CNJ la posibilidad de investigar y sancionar magistrados antes de que sean procesados por Asuntos Internos de los tribunales locales?
Para muchos, si eso sucediera se fomentaría el corporativismo judicial, ya que muchos jueces no se sienten cómodos para juzgar a sus compañeros.
Uno de los temas de difícil resolución es si la posible decisión del STF anulará penas ya decididas por el CNJ.
La AMB argumentó contra la resolución del CNJ, que permite retirar a los jueces jubilados, en forma obligatoria, el derecho a recibir beneficios previsionales proporcionales al tiempo de servicio. Y también contra el procedimiento administrativo, juicio y castigo de conocimiento público. La AMB sostiene que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Magistratura, las sanciones y los procesos deben ser confidenciales.
En su acción, la AMB sostuvo que la resolución de la CNJ "usurpa la competencia privada de los tribunales y del legislador complementario, además de violar principios y garantías constitucionales de los jueces". Si el STF desarticula la competencia del CNJ para juzgar y sancionar a los magistrados, éste será más o menos una instancia protocolar.
Ministros del STF ya se han manifestado sobre el tema a través de decisiones cautelares individuales.
Celso de Mello es el autor de buena parte de ellas.
En una decisión en 2010, él escribió: "El desempeño de la actividad fiscalizadora (y posiblemente punitiva) del CNJ sólo debería producirse en los casos en que los Tribunales -habiendo tenido la oportunidad de ejercer, ellos mismos, la competencia disciplinaria y correccional normalmente invertidas- podrían dejar de hacerlo... O demostrar incapacidad para hacerlo".
Marco Aurelio Mello es otro defensor de la tesis de la AMB. En 2010 él concedió una orden judicial diciendo que "el procedimiento (del CNJ) no puede atropellar al tribunal", donde trabaja el magistrado.
Boi Barrica
Pero en la Justicia brasileña están ocurriendo acontecimientos mucho más delicados que el que tiene por delante el STF.
Creado por la Constitución Federal de 1988, el Superior Tribunal de Justiça (STJ) es la corte responsable por uniformar la interpretación de la legislación federal en todo Brasil, siguiendo los principios constitucionales y la garantía y defensa del Estado de Derecho.
En ese ámbito hoy día ocurre un escándalo: el caso en el cual el STJ anuló la llamada Operación Boi Barrica, eludiendo la complejidad del caso, y aprovechando la ausencia de 2 ministros titulares. El resultado del juicio provocó desconfianza en todo el sistema judicial.
La sala 6ta. del STJ, que anuló las pruebas de la Operación Boi Barrica en un santiamén, estuvo cerca de 2 años para resolver el caso Castelo de Areia. La relatora de este proceso, magistrada María Theresa de Assis Moura, demoró 8 meses para estudiar el caso y preparar su voto.
En el caso del proceso Satiagraha, la anulación mereció un tratamiento de 1 año y 8 meses en el STJ. El relator, Adilson Macabu, estudió de cerca el proceso durante 2 meses y medio hasta llevarlo a juicio. En los 2 casos, hubo pedidos de vista de los magistrados interesados en estudiar mejor el caso.
¿La diferencia estará en que la Operación Boi Barrica tenía como principal objetivo de la investigación a Fernando Sarney, hijo del presidente del Senado, José Sarney (PMDB), un aliado muy importante de Dilma Rousseff?
El relator de la causa contra la Operación Boi Barrica fue el magistrado Sebastião Reis Junior, quien demoró sólo 6 días en estudiar el proceso y preparar una moción de 54 páginas considerando ilegales las pruebas obtenidas a causa de la violación del secreto bancario, fiscal y telefónico de los investigados.
Y, de manera inusual, los ministros del STJ juzgaron el caso en una única sesión, sin que existiese ninguna duda o desacuerdo entre los 3 ministros que participaron.
El caso llegó al Supremo en diciembre de 2010. Al día siguiente los abogados defensores solicitaron una medida cautelar, negada por el relator que tenía el caso, un juez llamado Celso Limongi. En mayo de 2011, Limongi dejó el tribunal.
En su reemplazo, Sebastião Reis Junior prestó juramento el 13/06 y el 16/06 ya sabía que él sería el responsable del juicio.
Sólo 3 ministros asistieron a la sesión convocada. Inicialmente, Reis Júnior y el juez Vasco Della Giustina integraban la 6ta. Sala. Y se eligió otro magistrado para completar el quórum y permitir el juicio: Marco Aurelio Bellizze, de la Sala 5ta. Magistrado de larga carrera judicial, él llegó al STJ con el apoyo del gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral (del PMDB, igual que Sarney).
Los senadores que evaluaron a Bellizze afirman que él recibió un espaldarazo de parte de Sarney para acelerar la aprobación de su pliego en el plenario en el Senado. La oposición evaluando el cuestionamiento del procurador general, Roberto Gurgel. Mientras no se decidiera eso, no prosperaría la aprobación de Bellizze y de Marco Aurelio Buzzi. Los senadores dijeron que recibieron llamadas de Sarney para que autorizaran la orden del día y aprobaran lo de Bellizze y Buzzi.
María Theresa de Assis Moura declaró no poder intervenir en el caso Operación Boi Barrica. Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes tampoco participó.
"En este juicio, así como cualquier otro del cual participé a lo largo de mis más de 20 años de carrera, fundamenté mi voto sobre la base de que los objetos colocados en el proceso fueron lo suficientemente claros para marcar mi comprensión", dijo Bellizze. "Yo no guío mis votos por influencias políticas. Por eso no considero que mi exención esté en cuestión."
Mmmmmmm.
"Antes de escribir mi informe, he estudiado cuidadosamente los autos. No podría proceder de otra forma otra cosa. Para dar una idea, en agosto pronuncié más de 1.400 decisiones entre monocráticas y del grupo", se defendió Reis Júnior. "El proceso en cuestión entró en la agenda de acuerdo con el ritmo y el trámite normales de mi gabinete y del STJ."
Mmmmmmm.
Politización
La peligrosa politización de cargos judiciales y de contralor es un problema institucional importante.
Fue evidente cuando se decidía el cargo de ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), con intensas negociaciones políticas para la misión de fiscalizar gastos públicos a cambio de un trabajo de por vida, con un sueldo de R$25.000 (US$ 13.776), jubilación completa y beneficios tales como automóvil oficial y 2 meses de vacaciones.
La disputa fue entre 3 integrantes de la coalición gubernamental: Ana Arraes (PSB-PE), Aldo Rebelo (PCdoB-SP) y Átila Lins (PMDB-AM).
Ana Arraes fue promovida por el hijo del gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que organizó una reunión con los bloques legislativos e hizo llamadas a otros gobernadores para pedir su aprobación.
La lectura política era que la elección de Ana Arraes fortalecería a Eduardo Campos como candidato a la Presidencia o a la vicepresidencia en 2014.
El diputado Aldo Rebelo también trabajó duro, en especial para dejar atrás su muy controvertida actuación en el Código Forestal. A su favor tenía su rol de ex presidente de la Cámara baja, y argumentó que representaría al estado de São Paulo, hoy sin asiento en el TCU, cuando Pernambuco ya tenía a José Jorge y José Múcio Monteiro.
Aldo buscó los votos del PMDB, basándose en que si él era elegido para el TCU no representaría una amenaza al intento del líder del PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), de presidir la Cámara en 2013.
Atila Lins recibió el apoyo oficial del PMDB y del gobernador de Amazonas, Omar Aziz. Además, el aval del PSD, el nuevo partido político que tiene más de 40 diputados, resultado de una reorganización de fuerzas gubernamentales.
Lins tenía algo a su favor muy importante: comenzó su carrera profesional como auditor del Tribunal de Cuentas del estado de Amazonas.
Ganó Arraes, con 222 votos. Luego quedó Aldo Rabelo (PCdoB−SP) con 149 votos. Más atrás Átila Lins (PMDB−AM), 47.
Para la votación, estuvo operando en la Cámara, el gobernador Cid Gomes (PSB−Ceará) mientras que el gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, acompañaba la votación desde el Palácio do Jaburu, donde estaba con el vicepresidente a cargo de la Presidencia, Michel Temer (además, titular del PMDB en uso de licencia) y con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convocados para discutir sobre la reforma política.
Lula apoyó la elección de Ana Arraes.
Fantasmas
Expresión de las controversias del sistema judicial brasileño fue precisamente la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), de la Cámara baja, que aprobó recientemente 118 proyectos en 3 minutos y con la presencia de solo 1 diputado, Luis Couto (PT-PB), además del congresista que dirigió el trabajo, César Colnago (PSDB-SP).
Toda la sesión fue filmada por un reportero de O Globo, Evandro Éboli, y el vídeo, publicado en el sitio web del diario, exhibió a los miembros de la Comisión, que se burlaban de la situación.
El presidente titular de la CCJ, João Paulo Cunha (PT-SP), le explicó a la Radio CBN que cuando existe un acuerdo sobre los asuntos que serán votados se acostumbra a votar sin muchos parlamentarios.
Pero... la situación fue muy polémica.
César Colnago reconoció que había un problema "ético", sin la presencia física de los diputados y sin debate, aún cuando, de acuerdo con el Reglamento Interno, la práctica no es ilegal.
La sesión estaba programada para las 10:00 de un jueves, el día que el Congreso se vacía, con la mayoría de los legisladores regresando a sus localidades de origen. Los miembros de la CCJ firmaron como presentes y luego se fueron de viaje, o permanecieron dentro de la Cámara pero atendiendo otros asuntos, sin regresar a la comisión para votar.
La votación solo fue posible porque las reglas dicen que no es necesario que todos los miembros que firmaron como presente, estén físicamente a la horas de la votación. La CCJ tiene 61 miembros titulares y la asistencia necesaria es de 31 firmas.
Un papelón por donde se lo mire.
