Repsol 'baja el riesgo argentino', y K se enfrenta a Zapatero

El ejecutivo español informó ayer en Madrid a un grupo de analistas que podría desprenderse de hasta un 20% de las acciones de YPF y les dio sustento a versiones que circulan desde hace meses en Buenos Aires: que el Gobierno o grupos privados afines quieren adquirir una parte de la petrolera. En realidad, Brufau no hizo más que repetir lo venía diciendo: que se quiere abrir parte del capital de YPF a la plaza local, aunque esta vez dio porcentajes concretos: "Sería bueno sacar a la Bolsa Repsol YPF, poner de un 15 a un 20% en el mercado, siempre y cuando el mercado esté en condiciones óptimas y se les dé valor a la compañía y a sus accionistas", dijo en su presentación. Claro que esto reavivó los rumores que corren acerca de que Néstor Kirchner anunciaría, en el acto del 25 de Mayo, una medida que los más entusiastas podrían juzgar como la recuperación de parte del petróleo nacional, con la compra de una parte de YPF. Como se trata de sumas importantes (hasta US$4000 millones), hay quienes han dejado trascender alternativas privadas de compra. Se dijo, por ejemplo, que había empresarios argentinos interesados en la operación, pero es escasísima la información que los actores están dispuestos a dar. Repsol ya había dicho en público que quiere vender una parte de su capital, y el Gobierno del santacruceño, de vez en cuando, deslizó la idea de involucrarse en la toma de decisiones de la compañía. Sin embargo, Brufau fue claro al respecto "no vamos a perder el control de la compañía", dijo.  Hay una sospecha, aunque siempre en voz baja, de los ejecutivos de los mercados financiero y petrolero: para el accionista, dado el grado de incertidumbre imperante en el país y la región, el elevado nivel de retenciones a las exportaciones y la madurez de los yacimientos, desprenderse de parte de sus activos en la Argentina es una noticia positiva. El anuncio de Brufau, se produjo poco antes del encuentro que mantendrán, en Viena, Néstor Kirchner y el español José Luis Rodríguez Zapatero, hoy durante, al menos, una hora. La agenda que Kirchner y Zapatero deben discutir es muy extensa. No sólo porque la crisis que se ha desatado en la región compromete importantes inversiones españolas, sobre todo las de Repsol YPF en Bolivia. Además, siempre está pendiente de cumplimiento el rosario de promesas formuladas por funcionarios argentinos a empresarios españoles, en Buenos Aires y en Madrid: van desde la actualización tarifaria en el segmento de distribución de los servicios públicos hasta el interminable conflicto sindical que afecta a Aerolíneas Argentinas, cuyas motivaciones siguen resultando insondables. Además, la reunión de hoy es preparatoria del viaje que realizará el Kirchner a España el 20 de junio. Es una visita que, indirectamente, se la debe a Evo Morales. Con la nacionalización de los hidrocarburos, Rodríguez Zapatero descubrió que resultaba imprescindible apostar a la racionalidad del Cono Sur. Por eso se precipitó la recepción a Kirchner, que venía siendo postergada por la falta de cumplimiento argentino a compromisos asumidos aquí y allá. El enfriamiento había sido tal que Bernardino León, el vicecanciller de España, viajó de urgencia a La Paz el jueves pasado para intervenir en el conflicto energético y, desde allí, hizo un vuelo rasante por Brasilia para dialogar con las autoridades de Itamaraty. Evitó Buenos Aires. Por último, en lo que se refiere a la situación del grupo en Bolivia, Brufau dijo que espera llegar a un "buen acuerdo" con el gobierno de Evo Morales, pero precisó que, en caso contrario, no descarta acudir a los tribunales para defender los intereses de los accionistas. Agregó que Repsol YPF se adaptará al nuevo marco legal si se preserva el valor de sus inversiones en Bolivia. No obstante, explicó que si el acuerdo no es posible, el objetivo de la petrolera hispanoargentina debe ser defender los intereses de los accionistas y el valor de las inversiones en ese país. En tanto, Morales dijo ayer en Viena que no habrá indemnización para las empresas afectadas por la nacionalización y añadió que "son las compañías las primeras que no respetan las normas bolivianas", ya que no pagan impuestos, "son contrabandistas". También dijo que hay 70 contratos de firmas que operan en la nación andina que son "inconstitucionales".