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'La Corte y la realidad que marcan los hechos'
A continuación, la opinión de un usuario sobre la nota:' De Kirchner a la (no)oposición, la Corte enfatiza las presiones'
10 de abril de 2006 - 03:59
Sr. Director:
En la actualidad, existe un criterio difundido en la ciudadanía de que el gobierno ha logrado mejorar la calidad en el funcionamiento de nuestro máximo Tribunal, a partir de la desintegración de la llamada "mayoría automática".
Se ha celebrado el alejamiento de 5 ministros, que supuestamente sentenciaron en sintonía con el mandatario que los designó, no obstante lo cual y paradójicamente, fueron destituídos, -o invitados a renunciar ante la inexorabilidad de sus apartamientos-, por cargos vinculados a una decisión que respetó los precedentes de la Corte de los últimos 50 años...
Las vocalías vacantes, comenzaron a ser cubiertas a través de nominaciones del Poder Ejecutivo en las que se invocó la instrumentación de un decreto sobre "transparencia" que, sin embargo, no fue óbice para concretar los nombramientos a pesar de mediar, en algunos casos, numerosas oposiciones provenientes de diversos sectores de la sociedad.
Y así fuimos llegando hacia fines del año 2003, a la integración de una nueva Corte publicitada como más calificada por la supuesta mayor "solidez académica" de sus integrantes.
Tal idea, difundida ante la opinión pùblica como un èxito del Gobierno,
no se compadece hasta el presente con la realidad que marcan los hechos.
Porque la exasperante lentitud para resolver las causas de trascendencia institucional que llegan a la órbita del Tribunal continúa, y los fallos màs resonantes que ha dictado, han abierto una polémica tal que no sólo ha provocado el repudio de los sectores afectados, sino también el de gran parte de los tribunales inferiores que mayoritariamente los han ignorado como precedentes aplicables. Y ello a su vez paraliza aún más a nuestra Corte, que parece empantanada ante la encrucijada que se presenta cuando el deber-ser colisiona con el ser-leal... Cierto es que la generalización en que suele incurrirse al calificar el funcionamiento de un ente colegiado suele ser injusta, más aún cuando, como en el caso del máximo Tribunal, existen miembros como el Dr. Carlos Fayt, a quien el paso de los años no le ha restado el coraje ni la sabiduría que la función exige. Pero lo concreto es que la cabeza del Poder Judicial, al que le corresponde gobernar junto con el Legislativo y el Ejecutivo pero con la independencia que exige el sistema Republicano, no sólo queda expuesta en esta nueva etapa al enjuiciamiento de sus miembros por el contenido de sus sentencias, sino que también queda condicionada a las políticas desarrolladas por los gobiernos de turno. No cabe conclusión diferente, por ejemplo, ante lo que la historia juzgará como el escándalo jurídico más grande de todos los tiempos. De eso se ha tratado, por sus antecedentes y consecuencias, el fallo dictado en el caso "Bustos", que al convalidar confusamente la pesificaciòn de los depòsitos bancarios, colisionó con más de medio millón de sentencias emitidas por cerca de mil jueces de todo el país, que habìan declarado la inconstitucionalidad de los decretos de pesificación de tales depósitos. Esos jueces que integran los Tribunales inferiores, casi sin excepción y en forma tan inédita como justificada, se siguen "alzando" ante tal sentencia bochornosa del Tribunal Supremo, con criterios muchas veces dispares en la ejecución de sentencias, pero con un comùn denominador: la no aplicabilidad de ese fallo dictado a instancias del Poder Polìtico. Porque la sentencia en el caso "Bustos" estuvo precedida de acciones y omisiones, que tuvieron su mayor elocuencia en los juicios políticos dirigidos contra los ministros que decretaron tal ilegitimidad en los fallos "Smith" y "San Luis", situación encubierta bajo la excusa de desintegrar a la mencionada "mayoría automática". Prueba de ello, fue que al primer Ministro que se intentó injustamente enjuiciar fue al Dr.Fayt, jamás sindicado como integrante de esa supuesta mayoría. Y así fue como tales cambios en la composición del Tribunal, que incluyeron al Procurador, sumados a la negativa de su Presidente de enviar los casos al acuerdo, conspiraron "maquiavélicamente" en detrimento de la seguridad jurídica en nuestro país.
Muestra de tal reticencia, lo constituyó la negativa que aùn perdura de designar conjueces que suplan a los ministros que renuncian o son destituìdos, para resolver a las decenas de miles de causas demoradas no sòlo en esta materia, sino tambièn en los casos sobre crèditos hipotecarios, bonos, o cualquier otra cuestiòn que implique un riesgo de contradecir al Poder Ejecutivo. . . Todo lo expresado, pone en evidencia que la supuesta mayor formación académica de quienes integran ahora la Corte, en modo alguno le garantiza un funcionamiento más eficaz e independiente del que podía tener. Muy por el contrario, se ha acentuado la inseguridad jurídica, postergando la llegada de las inversiones necesarias para el crecimiento genuino y sostenido de la economía, indispensable para que el bienestar alcance a todos los habitantes de nuestra Nación.
Fabián Bergenfeld
no se compadece hasta el presente con la realidad que marcan los hechos.
Porque la exasperante lentitud para resolver las causas de trascendencia institucional que llegan a la órbita del Tribunal continúa, y los fallos màs resonantes que ha dictado, han abierto una polémica tal que no sólo ha provocado el repudio de los sectores afectados, sino también el de gran parte de los tribunales inferiores que mayoritariamente los han ignorado como precedentes aplicables. Y ello a su vez paraliza aún más a nuestra Corte, que parece empantanada ante la encrucijada que se presenta cuando el deber-ser colisiona con el ser-leal... Cierto es que la generalización en que suele incurrirse al calificar el funcionamiento de un ente colegiado suele ser injusta, más aún cuando, como en el caso del máximo Tribunal, existen miembros como el Dr. Carlos Fayt, a quien el paso de los años no le ha restado el coraje ni la sabiduría que la función exige. Pero lo concreto es que la cabeza del Poder Judicial, al que le corresponde gobernar junto con el Legislativo y el Ejecutivo pero con la independencia que exige el sistema Republicano, no sólo queda expuesta en esta nueva etapa al enjuiciamiento de sus miembros por el contenido de sus sentencias, sino que también queda condicionada a las políticas desarrolladas por los gobiernos de turno. No cabe conclusión diferente, por ejemplo, ante lo que la historia juzgará como el escándalo jurídico más grande de todos los tiempos. De eso se ha tratado, por sus antecedentes y consecuencias, el fallo dictado en el caso "Bustos", que al convalidar confusamente la pesificaciòn de los depòsitos bancarios, colisionó con más de medio millón de sentencias emitidas por cerca de mil jueces de todo el país, que habìan declarado la inconstitucionalidad de los decretos de pesificación de tales depósitos. Esos jueces que integran los Tribunales inferiores, casi sin excepción y en forma tan inédita como justificada, se siguen "alzando" ante tal sentencia bochornosa del Tribunal Supremo, con criterios muchas veces dispares en la ejecución de sentencias, pero con un comùn denominador: la no aplicabilidad de ese fallo dictado a instancias del Poder Polìtico. Porque la sentencia en el caso "Bustos" estuvo precedida de acciones y omisiones, que tuvieron su mayor elocuencia en los juicios políticos dirigidos contra los ministros que decretaron tal ilegitimidad en los fallos "Smith" y "San Luis", situación encubierta bajo la excusa de desintegrar a la mencionada "mayoría automática". Prueba de ello, fue que al primer Ministro que se intentó injustamente enjuiciar fue al Dr.Fayt, jamás sindicado como integrante de esa supuesta mayoría. Y así fue como tales cambios en la composición del Tribunal, que incluyeron al Procurador, sumados a la negativa de su Presidente de enviar los casos al acuerdo, conspiraron "maquiavélicamente" en detrimento de la seguridad jurídica en nuestro país.
Muestra de tal reticencia, lo constituyó la negativa que aùn perdura de designar conjueces que suplan a los ministros que renuncian o son destituìdos, para resolver a las decenas de miles de causas demoradas no sòlo en esta materia, sino tambièn en los casos sobre crèditos hipotecarios, bonos, o cualquier otra cuestiòn que implique un riesgo de contradecir al Poder Ejecutivo. . . Todo lo expresado, pone en evidencia que la supuesta mayor formación académica de quienes integran ahora la Corte, en modo alguno le garantiza un funcionamiento más eficaz e independiente del que podía tener. Muy por el contrario, se ha acentuado la inseguridad jurídica, postergando la llegada de las inversiones necesarias para el crecimiento genuino y sostenido de la economía, indispensable para que el bienestar alcance a todos los habitantes de nuestra Nación.
Fabián Bergenfeld