"Será un instrumento muy útil, eficiente, eficaz y rápido, el proceso no durará los años que dura el proceso penal y creemos que será un elemento que ayudará a disuadir para que la gente no se meta en ese tipo de actividades atentatorias a la humanidad", sustentó.
Llorenti puntualizó que el Ejecutivo reforzará las políticas de lucha contra el narcotráfico con el desembolso de 20 millones de dólares presupuestados para la gestión para el potenciamiento tecnológico y equipamiento de las fuerzas operativas.
Indicó que el objetivo del Ministerio de Gobierno es la "radarización" de la frontera boliviana, además de la dotación de mayor tecnología a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Asimismo, la capacitación de personal en la administración de un software, elaborado por Brasil, para investigar el lavado de activos y de dinero.
Agregó que también se continuará con el potenciamiento de las relaciones con Perú y Brasil para combatir el narcotráfico mediante políticas que incidan en el denominado corredor de la droga que existe entre los tres países.
Resaltó que se trabaja en la "depuración" de efectivos corruptos de las policia, a través de la Ley de Régimen Disciplinario, que faculta la utilización de agentes encubiertos para descubrir la corrupción policial.
Antiterrorismo en México
Entretanto, en México se desarrolla otra batalla legal, que va paralela a la lucha en las calles.
México está usando leyes antiterroristas para juzgar a narcotraficantes, según documentos conseguidos por The Associated Press, un giro profundo en un país que se ha opuesto firmemente a una propuesta de Estados Unidos de catalogar a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas.
La semana pasada, el Presidente Felipe Calderón, visiblemente irritado, por primera vez tildó públicamente de terroristas a los traficantes.
"Es evidente que no estamos enfrentando a delincuentes comunes. Estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites, no sólo de la ley, sino del elemental sentido común y del respeto a la vida", declaró el mandatario en un discurso televisado tras un ataque a un casino que dejó 52 personas muertas.
Y el miércoles, un juez acusó a dos individuos de terrorismo y sabotaje por supuestamente difundir por Twitter rumores de presuntos tiroteos y otros episodios de violencia relacionados con el narcotráfico que causaron pánico en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México.
Un proyecto de ley del representante republicano texano Mike McCaul decía que toda persona que ofreciese a los narcotraficantes dinero, identificaciones, alojamiento, entrenamiento, armas o transportes se exponía a condenas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua e incluso pena de muerte. El gobierno de Barack Obama lo rechazó y México lo criticó.
El gobierno mexicano no quiere que USA se inmiscuya en sus asuntos judiciales y tampoco quiere dar la impresión de que no combate el terrorismo.
La ley mexicana persigue por terrorismo a quien utilice explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego u otro medio para realizar ataques que produzcan alarma o terror, mientras que la definición de USA abarca también a quienes intentan influenciar al público o al gobierno.
Las autoridades mexicanas han rechazado reiteradamente la noción de que hay vínculos entre los cárteles de la droga y organizaciones terroristas como Al-Qaeda.
"Las organizaciones delictivas transnacionales que operan en México y USA y en todo el hemisferio no son organizaciones terroristas", declaró el embajador mexicano ante USA, Arturo Sarukhan. "No tienen motivaciones políticas ni una agenda ideológica, sólo tratan de defender su negocio ilegal".
Esto es un dato importante en México, donde muchos objetan las medidas que se han tomado en USA para reforzar la vigilancia de la frontera con México, a un costo de 90 mil millones de dólares, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
Si bien no se tienen noticias de que en México operen organizaciones terroristas, desde el 2007 han sido procesadas al menos 29 personas por terrorismo y se ha investigado a por lo menos 86 por ese mismo delito, según un informe que obtuvo la AP haciendo uso de las leyes de libertad de información mexicanas. Se ha acusado de terrorismo a miembros de los cárteles que lanzan granadas y colocan bombas.
Andrew Selee, quien dirige el Instituto de México del Woodrow Wilson International Center for Scholars, una organización de estudios con sede en Washington, dijo que los fiscales mexicanos apelan a cualquier herramienta disponible para encarcelar a los narcotraficantes. Según cifras oficiales, al menos 35 mil personas han muerto en episodios de violencia relacionados con las drogas desde el 2006.
"México emplea las leyes antiterroristas para tratar de conseguir condenas en un sistema judicial inefectivo, que necesita desesperadamente ser reformado", expresó Selee. "Pero sería un error pensar que los grupos del crimen organizado son terroristas. (Los cárteles) funcionan más como una mafia que como Al-Qaeda".
