Polémica por la ley contra la libertad de expresión (Silencio K y rechazo internacional)

Sin embargo, y a pesar de que por la mañana hubo un puñado de reuniones al respecto, los funcionarios de la primera línea kirchnerista optaron por llamarse a silencio y no responder a ninguna de las múltiples críticas que se repitieron a lo largo de todo el día. "El Gobierno no habla de esto porque no tiene fundamentos públicos para sostener la iniciativa", aseguró el diputado socialista Jorge Rivas, autor de uno de los proyectos para derogar la norma. Varios ministros y secretarios de Estado participaron de actividades oficiales, pero ninguno respondió a las preguntas que les formularon sobre el tema. Apenas si un miembro del gabinete dijo, en estricto off the records, que el Gobierno nacional esperará que se pronuncie la Justicia antes de emitir cualquier opinión sobre el tema. Ocurre que, además, ya se presentaron al menos dos amparos, y en pocas horas más habría una definición concreta sobre un conflicto que afecta a millones de usuarios de la Red en todo el país. Según trascendió, con cierta lógica, la Justicia determinaría que se trata de una norma inconstitucional, lo cual llevaría bastante alivio y enmendaría un error de la administración kirchnerista. De todas maneras, hasta tanto ello suceda, la preocupación seguirá latente en cada uno de los ciudadanos que usan habitualmente la Red, ya sea para trabajar como para esparcimiento, y que no entienden por qué tiene que ser violada su intimidad. La estrategia oficial (silencio absoluto) se fundó en la impactante repercusión provocada por la difusión del decreto reglamentario de la ley y de sus graves consecuencias, que no se habían dado a conocer a pesar de haber sido firmado el 8 de noviembre del año pasado. A primera hora de la mañana, legisladores, juristas y dirigentes de los más diversos sectores se pronunciaron en contra de la norma, cuyo punto más polémico es el que indica que el Gobierno, a través de la SIDE, tendrá un monitoreo total –durante diez años– sobre cualquier tipo de intercambio de datos que se produzca a través de Internet. Los cuestionamientos más duros llegaron desde todo el arco de la oposición y también desde algunos de los más prestigiosos abogados del país. A su vez, hubo inquietantes repercusiones en la prensa extranjera. Sólo por citar un ejemplo, el Nuevo Herald expresó su profunda preocupación por la ley "que establece control informático en la Argentina". El presidente del Partido Liberal Democrático de Inglaterra Simon Hughes dijo a un medio local que "la decisión del gobierno argentino de entrometerse en la vida privada de los ciudadanos es completamente inaceptable en un país democrático." "La obligación de cualquier líder político en una país democrático es incrementar los derechos de la población y no reducirlos. El derecho a la privacidad es un derecho reconocido a nivel internacional." "Es un día triste para la Argentina porque su privacidad se redujo." Por otra parte, el titular del Partido Liberal chileno José Ducci explicó que "estamos totalmente en contra de la medida tomada por el gobierno argentino. La verdad es que en Chile nosotros no sabemos si las autoridades están tratando de imponer una medida semejante, pero lo que sí sabemos es que legalmente no es correcto. Nosotros planteamos todo lo contrario a lo que esté relacionado con Estado y la intromisión en la vida privada de los ciudadanos". Asimismo trascendió ayer que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ya mantuvo un enfrentamiento con el gobierno a principios de año, emitiría un duro comunicado para con la norma que fuese sancionada por el Congreso y avalada, luego, por el decreto reglamentario. La entidad acusó al Ejecutivo en su informe anual presentado en marzo de no respetar la libertad de prensa, por lo cual recibió duras réplicas del presidente Néstor Kirchner.