El canje será un éxito pero esconde un secreto que nadie quiere revelar (Edición i)

Roberto Lavagna, ministro de Economía, fijó un demasiado bajo umbral de ‘éxito’ en el canje de deuda: 50%, un desafío al estándar de más de 80% instalado por Ecuador y Rusia. Desde entonces, el porcentaje de adhesión resulta un tema de especulación cotidiana hasta el 25 de febrero, inclusive. Al respecto es posible trazar tres escenarios posibles: > Que el porcentaje de adhesión se ubique entre 50% y 55%. El argumento oficial es que, con este porcentaje, sumado a la deuda que hoy se paga (contraida con organismos financieros multilaterales y otros préstamos garantizados), el Gobierno reconocerá el 75% de su deuda total. No es un argumento válido para el Fondo Monetario Internacional ni los países del G-7 (USA, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia). En ese caso, se complican la reestructuración de vencimientos con el FMI y la Argentina debería continuar pagando los vencimientos con el Fondo, en tiempo y forma. La estabilidad de Lavagna al frente del Ministerio de Economía sería difícil. Las opciones del gobierno serían o claudicar en su posición y mejorar su oferta (probablemente después de las elecciones de octubre) o enfrentar una ola de reclamos judiciales. > Que el porcentaje de adhesión sea del 70% o más. Un mejor escenario para el Gobierno. Aún cuando no llegue al 80% que el FMI sostiene como el mínimo necesario, tanto el FMI como el G-7 lo aceptarían. El plazo para el canje podría extenderse algunas semanas más para que quienes no hayan ingresado puedan hacerlo. Para quienes quieran seguir la vía judicial, todo se complicaría sin el aval de los gobiernos del G-7. > Que el porcentaje de adhesión sea del 60%. Un escenario incómodo, porque no es ni un completo éxito ni un rotundo fracaso. El Gobierno cantará victoria, pero sus argumentos no serán suficientes para conseguir el aval del FMI y el G-7, que considerarían que la Argentina continúa en default. Entonces, el Gobierno tendría la opción de extender el período de canje por algunas semanas. Aquí es cuando, pese a la nueva ley de bloqueo de mejoras en la oferta, se especula con hacerla más atractiva, aunque los analistas no creen que, en ese escenario, una leve mejora en la oferta pueda atraer a muchos bonistas. Ellos exigirían una notable mejora. La otra cara En cualquiera de los tres escenarios, la quita de capital será la más grande en la historia de las finanzas globales, porque el monto del pasivo público externo argentino es abultado. Pero, también hay que considerar, en los escenarios 1 y 3 los montos que irán a juicio también son los mayores en la historia de las finanzas globales, y resultará complicado convivir con esos acreedores intentando recuperar su dinero. El Gobierno ha omitido cualquier referencia a esto pero resulta un dato que provoca muchos análisis –algunos muy inquietantes- acerca del futuro económico-financiero y politico-institucional de la Argentina. Dado que el pasivo que está en reestructuración es levemente superior a US$ 100.000 millones, si la aceptación fuese de un 60%, quedarán más de US$ 40.000 millones en cesación de pagos. Por un monto inferior, Rusia fue al default. La estrategia del Gobierno es provocar, para ese monto, un cronograma semejante a lo que fue el goteo del llamado corralito, con progresivos acuerdos extrajudiciales simultáneos, aún cuando esto no se haya explicitado en la nueva ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo propósito aparente es exhibir al FMI un hecho consumado para que no presione exigiendo una mejora de oferta si la adhesión es baja. En cualquier caso, el próximo Ejecutivo Nacional (2007-2011) deberá afrontar un escenario complicado si se produce una baja en el precio de los commodities exportables, una suba importante de la tasa de interés estadounidense o una merma en la tasa de crecimiento doméstico. El secreto mejor guardado por el Gobierno es que el problema de la deuda no se termina el 25 de febrero, ya que el pasivo público externo argentino en situación irregular se ubicará nuevamente en US$ 100.000 millones, sumando los montos que no adhieran al canje más las indemnizaciones a pagar por demandas de empresas que alegan perjuicios por la ruptura de la convertibilidad, la megadevaluación de 2002 y los infortunios macroeconómicos a que fueron sometidos. En verdad, los montos indemnizatorios hasta ahora son imposibles de precisar hasta dónde llegan pero con seguridad se ubican por encima de los US$ 30.000 millones. Debe considerarse que el sector público argentino cargará, además, con un estimado de US$ 100.000 millones en situación regular más US$ 35.000 millones (por lo menos) en nuevos títulos emitidos para el canje. De pronto, el resultado poscanje es una nueva deuda pública externa argentina equivalente a US$ 200.000 millones, contra un PBI equivalente a US$ 160.000 millones, según la paridad cambiaria que se tome. Pero de esto, prohibido hablar. ----------------- Copyright by Edición i, 2005.