Cártel de Cali: Trasciende la historia secreta de la entrega de datos a los fiscales de USA

Un libro sobre el cártel de Cali revela que Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, seguros de ser extraditados, iniciaron un inventario de lo que podían entregar. Gilberto Rodríguez convenció a su hermano Miguel de elaborar un documento para negociar con la Justicia de USA, después de recibir, como prisionero, una visita en junio del 2004. El visitante era un emisario del gobierno colombiano, que les notificó que así él y su hermano Miguel revolcaran el país entero en busca de aliados para echar atrás su entrega a la justicia estadounidense, esta no tenía reversa. Aunque los Rodríguez habían mantenido una lucha contra todo lo que les oliera a extradición durante unos 20 años, la advertencia se basaba en diferentes hechos ocurridos desde diciembre del 2003, cuando la Justicia de USA los solicitó para que respondieran en ese país por delitos de narcotráfico cometidos después de 1997, mientras estaban en prisión. Uno de estos hechos, atribuido a los hermanos Rodríguez Orejuela por Camilo Chaparro en su libro 'Historia del Cartel de Cali', que sale dentro de una semana, publicado por Intermedio Editores, es la huelga de hambre que durante casi un mes realizaron 100 extraditables de la Penitenciaría de alta seguridad de Cómbita (Boyacá). Los reclusos pedían que la Corte Suprema valorara las pruebas antes de decidir cada extradición. En la práctica esto equivaldría casi a un juicio que podría demorar varios meses. Sin embargo, con la protesta, los extraditables lograron que el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretel, recibiera en su oficina a sus abogados de los capos, en un hecho que despertó suspicacias en algunos sectores y un enfrentamiento con el viceministro, Jaime Nieto Loaiza. Ante la certeza de ir a morir en prisiones de USA, Miguel, consideró la posibilidad de una fuga o de armar un escándalo en Colombia sobre los nexos de personalidades de diferentes sectores con su organización. Gilberto descarta lo primero porque no soluciona el problema de su familia. "Para qué hablar con el caballo si se puede hablar con el jinete", le habría dicho Gilberto a su hermano, sobre el segundo punto. "Lo primero que descartaron es entregar información sobre otros narcotraficantes", dice el periodista Camilo Chaparro. Esto se debe, en opinión del autor, a la advertencia explícita que otros narcotraficantes les lanzaron en mayo de 1996, cuando hirieron de gravedad a William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez, y mataron a 5 de sus acompañantes, en un restaurante de Cali. Deciden que la única información que pueden entregar es sobre corrupción política y terrorismo, en casos que los Rodríguez guardan con celo y que podrían cobijar hechos como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán y la toma del Palacio de Justicia. De hecho, el libro asegura que los Rodríguez le advirtieron del atentado a Galán a través de un emisario, pero que el caudillo liberal hizo caso omiso. Acuerdan entonces, según Chaparro, ofrecer la entrega de William Rodríguez Abadía, siempre y cuando no reciba una condena superior a diez años y, a través de este, una lista de 64 políticos, periodistas, miembros de las Fuerzas Armadas y otras personas que han recibido dineros del cartel. Además aceptan entregar bienes, excepto algunos apartamentos y casas habitados por sus parientes. A cambio piden la seguridad de que no habrá procesos judiciales contra sus familiares por hechos cometidos hasta la fecha. Gilberto Rodríguez consigna estos puntos en un borrador con el cual un grupo de juristas que permanece en el anonimato y el abogado José Quiñón elaboran un documento que luego es corregido con su puño y letra por el propio Rodríguez Orejuela, dirigido a los fiscales que llevan el caso en USA. "Presumo que hay mucha gente asustada", dice Chaparro. Y agrega que la lista de personajes vinculados al cartel de Cali debe ser larga ya que desde finales de los 70 se hablaba de que esa organización, en ciernes, maneja unos 20 congresistas. Sostiene que el pago a políticos ha sido permanente, y se incrementaba cuando rondaba el fantasma de la extradición. El libro recoge versiones de que la prohibición de la extradición de colombianos que se consagró en la Constitución del 91 se debió a US$ 2,5 millones. También le atribuye a gestiones de esa organización, la no retroactividad aplicada a la Ley de extradición que se aprobó en 1997. Toda esa lucha terminó, asegura el autor de la publicación, cuando la justicia de Estados Unidos logró que Víctor Patiño Fómeque, uno de los capos del cartel del norte del Valle y preso en USA, entregara información que le permitió abrir procesos contra los Rodríguez Orejuela. Ahora quedan varios interrogantes. Uno de ellos es saber a qué casos de terrorismo se refieren los Rodríguez. También queda la incertidumbre de si a los tribunales norteamericanos les interesa una lista de políticos y personajes corruptos de otro país. Y si es así, qué otra jugada podrían preparar los Rodríguez para salvar a su familia, ante la certeza que tienen de que USA no se conformará con sus cabezas y la de William.