Luego de Chávez, Rodríguez Saá hará el domingo su referendo
La convocatoria a la consulta popular en San Luis, que definirá la continuidad del Plan de Inclusión Social es constitucional y está firme, según lo determinó ayer la jueza en lo Civil, Comercial, Laboral y Minas, Eugenia Bona, al resolver a una acción de amparo de la Multisectorial, que pretendía frenar por la vía judicial los comicios del domingo. Según El Diario de la República, en su sentencia, la magistrada hasta llegó a despedazar en un párrafo la repetitiva frase "los derechos humanos no se plebiscitan", desgastada por la Multisectorial para fundamentar su oposición al llamado a las urnas. "Discrepo con esa interpretación se está plebiscitando una norma, que establece un plan de gobierno y, si no se aprobara, no hay obstáculo para que el mismo gobierno proponga otro medio para paliar la situación de quienes ahora están en el Plan de Inclusión Social, sin violentar por ello sus derechos", fundamenta la jueza Bona. El fallo agregó: "La ley que llamó a la consulta, decretos, reglamentación y normas complementarias, sólo hacen uso de un mecanismo constitucional, (Š) un mecanismo de democracia semidirecta que le permite al pueblo opinar sobre un acto de gobierno, mecanismo perfectamente válido y vigente". El ministro de la Legalidad, Sergio Freixes, fue notificado casi al mediodía de la decisión de la magistrada y por un rato no se cansó de saborear el gusto afable de la victoria judicial, que llegó de la mano de Fiscalía de Estado. Mientras, con el teléfono inalámbrico en la mano y la tutela de su asesor legal Mario Zavala, trataba de conformar la lista de los observadores que controlarán los comicios del domingo. En el gobierno provincial dijeron que, una vez caída la estrategia judicial, los sectores más duros de la oposición intentarán 'ensuciar' el comicio con denuncias de fraude. Por eso, ayer los Rodríguez Saá se aseguraron la presencia de observadores. La lista de observadores incluyó ayer al ex vicepresidente Víctor Martínez; el funcionario de Cancillería, Fernando Laos; y Carlos Parma, juez de Menores de Mendoza. También aceptaron el ministro del Superior Tribunal de Santa Fe, Rafael Francisco Gutiérrez; el diputado provincial del PJ santafesino, Danilo Kilibarda; y el presidente de la Cámara Penal de esa provincia, Pedro Sobrero. También la presidenta del Observatorio Internacional de Prisiones, Graciela Pérez Dubrés, y los defensores del Pueblo de Quilmes y Vicente López, Obdulio Rosano y Carlos Constenla. A ellos se sumarán el director de las carreras de Abogacía y Escribanía de la mendocina Universidad del Aconcagua, Gustavo Castiñeira de Dios; el ex legislador provincial del PJ de esa misma provincia, Félix Pesce y Carlos Manuel Grela, veedor en los comicios chilenos durante el proceso de apertura democrática de ese país. También viajarán a la provincia el defensor del Pueblo de San Juan, Julio Orihuela y el defensor del Pueblo Adjunto de Santa Fe, Carlos Feruglio.